Regiones urbanizadas demandan más servicios básicos de calidad

(Montevideo, 14 de noviembre de 2013). Representantes de los entes reguladores de los servicios agua potable y saneamiento de las Américas se reunieron durante tres días en Montevideo para intercambiar experiencias y reflexionar sobre el alcance de las acciones que desarrollan. El VI Foro Ibero Americano de Regulación, organizado por la Unidad Reguladora de Servicios de Agua y Energía (Ursea) de Uruguay contó con la participación de autoridades políticas, destacados técnicos y referentes académicos del sector. El encuentro se realizó en el marco de la XIII Asamblea Anual de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA).

Tras la presentación inicial de Catarina de Alburquerque, relatora de Naciones Unidas (ONU) sobre el Acceso al Agua y al Saneamiento, quien presentó un video resumiendo la situación continental, se realizó una mesa sobre "Financiamiento de Infraestructuras de Servicios", integrada por la directora representante de CAF en Uruguay, Gladis Genua, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay, Juan José Taccone, y la representante del Banco Mundial (BM) en Uruguay, Ruxandra Burdescu

Como banco de desarrollo de América Latina, CAF expuso los aspectos que forman parte de la agenda de la institución en el apoyo a proyectos para desarrollar y mejorar la cobertura de servicios de agua y saneamiento en los países de la región.

Genua destacó que "más de 40 millones de personas salieron de la pobreza en América Latina y el Caribe en los últimos años, sin embargo si bien se ha reducido, seguimos siendo la región más desigual del mundo al tiempo que somos una de las regiones más urbanizada, lo que determina una mayor demanda de servicios básicos de calidad".

"Actualmente 25% de la población de América Latina y el Caribe todavía carece de los servicios de agua potable y saneamiento. Si queremos alcanzar la cobertura universal en estos servicios se debería invertir un 0.3% PIB al año, lo que implicaría USD 12.500 MM anuales" explicó Genua, destacando que se debe visualizar "el acceso al Agua como un Derecho Humano fundamental frente de la definición de las políticas". 

Genua finalizó explicando que CAF puede ser soporte de la mejora de los servicios mediante financiamiento, asistencia técnica y gestión de conocimiento. Sobre este último aspecto repaso dos publicaciones de CAF que apuntan en este sentido: Agua Potable y Saneamiento en América Latina y el Caribe: metas realista y soluciones sostenibles, y Equidad e inclusión social en América Latina: acceso universal al agua y el saneamiento y remarcó que en el período 2007-2013 CAF aportó USD 4.000 MM para financiamiento de obras de agua y saneamiento, beneficiando a más de 36 millones de habitantes. 

Taccone afirmó que el agua es un derecho humano fundamental y de allí se desprende la prioridad que debe tener el tema y la necesidad de articular a los diferentes actores que participan no sólo en el sector del agua, sino también en la definición de las políticas de salud pública, urbanismo y desarrollo social.  

Por su parte Burdescu apuntó a la rentabilidad social que genera el saneamiento por sus repercusiones en el turismo, en el valor de la tierra, en la calidad del agua, en la seguridad y en una mayor dignidad para las personas. 

La conferencia permitió analizar aspectos normativos, tarifarios y de infraestructura en lo que refiere al agua potable y al saneamiento. En este sentido, autoridades y funcionarios de gobierno de varios países tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes y las dificultades que enfrentan en el momento de hacer llegar los servicios.

Mario Bergara, presidente del Banco Central del Uruguay (BCU),planteó temas de regulación vinculados al sistema financiero, mientras que Daniel Greif, presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) expuso sobre el control de calidad de agua potable en Uruguay.

También hubo exposiciones de representantes de la Universidad de la República (Udelar) de Uruguay, la Comisión Económica para América Latina (Cepal), las Universidades de Barcelona (España) y Florida (USA) y de delegados de los gobiernos de Perú, Bolivia, Portugal, Brasil, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Panamá y Ecuador.