Los retos del sistema penitenciario y la reinserción social en Uruguay, según estudio de CERES con apoyo de CAF

"Uruguay es uno de los países de Sudamérica con mayor número de reclusos por habitante. Aunque la población privada de libertad continúa creciendo, el Estado uruguayo no ha diseñado el marco institucional ni ha alcanzado la calidad de gestión necesarios para acompasar esta tendencia", señala el estudio " Privación de Libertad y Reinserción Social en Uruguay", una iniciativa de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina - en conjunto con el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).

Gladis Genua, directora representante de CAF en Uruguay, explicó que este informe es el primero que se realiza en alianza con Ceres. "Esta asociación tiene como objetivo complementar esfuerzos y generar conocimiento de calidad para ponerlo al servicio de la comunidad -sector académico, empresarios y gobierno- de manera que se tomen decisiones fundamentadas en conocimiento y se pueda avanzar en propuestas de políticas públicas que permitan el salto del país hacia el desarrollo", indicó.

Genua afirmó que la situación penitenciaria y la reinserción de las personas privadas de libertad "es un tema que preocupa a toda la región" porque las cifras son "alarmantes". Estamos convencidos de que no puede haber desarrollo inclusivo si hay sectores de la sociedad que no están contemplados por las políticas públicas, y eso pasa con las personas privadas de libertad. Su reinserción es muy difícil, se hace costosa para la sociedad y para las personas, pero es necesario romper el círculo vicioso de las condiciones que llevan a la delincuencia".

En el mismo sentido, Ana María Sanjuan, asesora senior de CAF para temas de democracia, estado y seguridad, hizo referencia a la temática y señaló que está "profundamente correlacionada con la inseguridad ciudadana. En los últimos diez años en América Latina subió la tasa de personas privadas de libertad en 142%".

Por su parte, Ernesto Talvi, director académico de Ceres, caracterizó la situación uruguaya y destacó el informe realizado como una "contribución" para el debate "necesario e impostergable" sobre el tema.

"No podemos darnos el lujo de tener un sistema carcelario que no nos dignifica, con hacinamiento crítico, ocio compulsivo, malas condiciones de habitabilidad, déficit alimentario y en prestación de servicios de salud, altos niveles de violencia, incidencia de homicidios y reincidencia. En su gran mayoría las cárceles son lugares de castigo, infiernos humanos donde los presos salen peor de lo que entraron, sin ninguna posibilidad de reinsertarse como ciudadanos dignos de la comunidad. Por eso hemos hecho este esfuerzo con el apoyo de CAF, para poner en un solo lugar el conocimiento de las distintas dimensiones de la situación con un enfoque organizacional orientado a conseguir la recuperación para la sociedad de las personas privadas de libertad", subrayó.

La investigación, realizada por Álvaro Garcé, abogado, docente y primer Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario que tuvo Uruguay, en conjunto con los economistas de Ceres Lucía Casal, Carlos Díaz y Lucía Donnangelo, realiza una descripción exhaustiva sobre las cárceles uruguayas, la situación de los reclusos y la normativa vigente, y realiza una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar la política penitenciaria y a reinsertar social y laboralmente a los presos una vez que adquieren la libertad.

El informe señala que el sistema penitenciario uruguayo alberga a más de once mil presos, en su mayoría hombres solteros menores de 35 años, quienes no han finalizado o siquiera alcanzado la educación secundaria. También devela altos índices de consumo de sustancias psicoactivas y violencia interna que supera a países de la región, como Argentina.

"Lo que queremos con este aporte es contribuir a la calidad del debate sobre el tema, que hoy es escaso, pobre y episódico. Es un trabajo que ha sido concebido con una mirada constructiva. Reconocemos las cosas que se han hecho bien y somos críticos respecto de otras que entendemos deberían hacerse mejor", dijo Garcé.

"Si bien se ha dado un paso importante con la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, no se ha logrado dar el paso decisivo que es sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Estamos haciendo lo mismo que hace diez años, con más inversiones y recursos, pero con los mismos errores, con resultados pobres", añadió.

El profesional subrayó algunas recomendaciones que el estudio plantea, entre ellos la creación de un instituto externo al Poder Ejecutivo, que se vincule institucionalmente con el Ministerio del Interior, una política de tratamiento de la población que presenta consumo de sustancias psicoactivas en términos terapéuticos, concretar la creación del Hospital Penitenciario, mayor control de jueces, y la construcción de "indicadores objetivos" por parte de la administración penitenciaria para tener conocimiento de lo que se está haciendo y lo es necesario corregir.

El actual Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, y el reconocido economista e investigador Ernesto Schargrodsky, rector de la Universidad Torcuato Di Tella, participaron del panel de presentación de la investigación y valoraron el estudio realizado.