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18 de junio de 2018Ciudades resilientes, clave en la atención de desastres naturales

Las ciudades del futuro deberán ser resilientes y contar con una gestión pública capaz de reducir riesgos y responder de manera efectiva ante la ocurrencia de un desastre natural.

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Entre 2005 y 2012 los desastres naturales causaron estragos en América Latina. Se cobraron la vida de 240.000 personas, afectaron a otras 57.000 y ocasionaron daños estimados en USD 85.000 millones, lo equivalente a casi el PIB de Ecuador.

En América Latina durante la última década el 80% de las pérdidas registradas por desastres naturales fueron en áreas urbanas y entre 40-50% en ciudades con menos de 100 mil habitantes (UNHabitat, 2012).  Las pérdidas anuales esperadas por la ocurrencia de desastres en la región se estiman en USD 62 mil millones, una cifra que representa un reto para las finanzas públicas nacionales dada la relevancia económica que tienen las ciudades.

Adicionalmente, entre 2000 y 2013, sólo en Centroamérica y América del Sur los fenómenos hidrometeorológicos (sequías, inundaciones, precipitaciones extremas o ciclones tropicales) provocaron más de 13.000 muertes, afectaron a más de 53 millones de personas y ocasionaron pérdidas de aproximadamente USD 52 mil millones, según la Universidad de Lovaina. 

Casos como el terremoto de Ciudad de México en febrero de 2018, la avalancha en Mitú (Colombia) en enero de 2017, y la más reciente erupción del volcán de fuego en Guatemala, son solo algunos ejemplos del impacto que los eventos naturales extremos pueden tener en las sociedades latinoamericanas, y de la necesidad de tomar medidas para paliar sus peores efectos.

A esta situación deben sumarse los efectos del cambio climático –que entre otros incrementarán la intensidad de algunos fenómenos naturales-, la explotación excesiva de recursos naturales y efectos asociados a los aumentos poblacionales, que están aumentando la exposición de los ciudadanos ante la incidencia de situaciones de riesgo.

La vulnerabilidad de muchas ciudades de América Latina ante este tipo de fenómenos encuentra parte de su explicación en la débil planificación y gestión urbana, agravada por la creciente urbanización, que lleva a la ocupación de zonas no aptas para la construcción de viviendas, por ejemplo, o a la creciente congestión automotriz y a su consecuente generación de emisiones.

La planificación urbana moderna debe contemplar un enfoque integral y preventivo de la gestión de riesgos. Se requiere por ello el diseño de estrategias que consideren la correcta identificación de escenarios, la priorización de los riesgos que se deseen cubrir y la selección de instrumentos de financiamiento tanto para mitigar riesgos como para abordar los desastres de manera efectiva”, asegura Abenamar de la Cruz, experto en desarrollo social de CAF –banco de desarrollo de América Latina. 

Hasta la fecha, la región puede mostrar algunos avances en este terreno. Colombia, por ejemplo, cuenta con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, la cual orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en el país; Perú cuenta con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 2014 - 2021, que busca entre otras cosas minimizar los efectos adversos de los desastres naturales sobre la población, la economía y el ambiente.

Desde CAF -banco de desarrollo de América Latina-, en el marco de su estrategia para la atención de ciudades, ha planteado la necesidad de impulsar una iniciativa regional para apoyar el  fortalecimiento de los Planes Nacionales para la Gestión Financiera y Mitigación del Riesgo. Una iniciativa para establecer los recursos técnicos y económicos que cada país requiere para fortalecer sus planes, lo que serviría de base para que instituciones como CAF y otras, puedan poyar de manera más efectiva las acciones que en materia de gestión y reducción del riesgo promueven los países de la región.

Estos y otros temas se discutirán en la VI Plataforma para la Gestión de Reducción de Riesgos, organizada por la ONU, del 20 al 22 de junio en Cartagena, Colombia, que pretende construir una estrategia regional que apoye la creación y fortalecimiento de planes nacionales para la gestión financiera y mitigación del riesgo ante eventos naturales extremos.

 

 

 

 

 

 

 

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