Colombia a la vanguardia del desarrollo digital regional

En los próximos años, Colombia tiene una oportunidad extraordinaria para situarse a la vanguardia de América Latina en materia de digitalización. La desaparición de los factores que permitieron un rápido crecimiento con tasas superiores al 6% a inicios del siglo XXI frente al modesto crecimiento del 1,8% de 2017, destacando la caída internacional de los precios del petróleo, hacen impostergable que Colombia redefina su estructura productiva hacia esquemas de mayor valor agregado, en los que la apropiación y uso de las tecnologías digitales por parte de todos los ciudadanos -independientemente de su lugar de residencia y su condición socioeconómica- juegan un rol central.

Dar pasos para modernizar el marco rector del sector TIC en el país será positivo, ya que contribuirá a aumentar la productividad y el crecimiento económico. Un avance en el índice de digitalización del 1% resultaría en un incremento de 0,32% en el PIB y de 0,26% en la productividad laboral; y según las estimaciones realizadas por CAF, el impacto acumulado de un incremento del 41% en el acceso a la banda ancha en Colombia al 2020 supondría para el PIB nacional USD 17.880 millones (equivalentes a un 2% del PIB) y cerca de 500.000 empleos adicionales (1,9% de la población activa). Por todo esto, colocar el avance de Colombia en materia de digitalización en un lugar central de la agenda política del gobierno es un acierto y un ejemplo para el resto de la región.

Es clave avanzar en la construcción de un nuevo marco sectorial adaptado a la realidad y desafíos de un ecosistema convergente, que permita maximizar el beneficio social y económico derivado del mayor acceso de la ciudadanía a las TIC, al tiempo que se promueven las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de cerrar la Brecha Digital y contar con infraestructuras de conectividad para soportar la transformación productiva de la cuarta revolución industrial.

Para que estas medidas tengan éxito, es clave que las políticas de asignación de espectro radioeléctrico se centren en maximizar el bienestar social. El espectro es un recurso primordial para la oferta de los servicios, y su disponibilidad en condiciones adecuadas es un factor central para que los beneficios generados por las TIC se aprovechen al máximo, por lo que buscar un equilibrio entre el precio al que se oferta su licitación y las condiciones a cumplir por parte de las empresas -como las obligaciones de cobertura- coincide con las mejores prácticas internacionales. Los países con mayor implementación de LTE (Reino Unido, Suecia, Holanda o Portugal) son aquellos donde los organismos reguladores encontraron este equilibrio, donde ambos aspectos fueron relativamente onerosos, la expansión de la cobertura de LTE fue lenta y en muchos casos todavía está relativamente rezagada (Italia o Francia)[3]. Otra cuestión de gran relevancia es el periodo de duración de las licencias de espectro, el cual resulta clave para las decisiones y compromisos de inversión de la industria, pues define su horizonte de retorno. En el actual escenario, caracterizado por la necesidad de inversiones cada vez más intensivas, resulta fundamental que Colombia pueda posibilitar una mayor duración de las licencias. A día de hoy, tras Paraguay (5 años), Colombia (10 años) es el país de la región con la duración de licencias más corta, lejos de ejemplos exitosos como el caso de Chile que alcanza hasta los 30 años^[4].

En el actual escenario convergente, también en línea con las mejores experiencias a nivel internacional para la gestión de Fondos de Acceso Universal, y ante las que Colombia difiere de la región en cuanto que en la actualidad establece contribuciones distintas en función de la tecnología o servicio prestado, resulta muy positivo el establecimiento de un fondo único, tecnológicamente neutro, con contraprestación única para el sector de las telecomunicaciones, construido como un estructurador de proyectos que focalice las inversiones en líneas estratégicas orientadas a atender efectivamente el acceso y la prestación del servicio universal. Adicionalmente es destacable el objetivo acertado de garantizar recursos para la financiación de la TV pública y el fortalecimiento de contenidos locales.

Conectar a todos los colombianos y colombianas, cerrando todas las brechas digitales, tanto las socioeconómicas como las etarias, las de género o las geográficas, es un imperativo económico, pero fundamentalmente ético. Todos los ciudadanos deben poder acceder a los beneficios de internet, y este objetivo se alcanza a través de la promoción de la inversión para la universalización del acceso. Ampliar las bases de cooperación público-privada a partir de proyectos de co-participación, resolver barreras de asequibilidad mediante subsidios a través de proyectos sostenibles en el tiempo o la introducción de mecanismos de obligaciones de cobertura como forma de pago por el uso de espectro radioeléctrico; son políticas en la dirección correcta para maximizar los impactos positivos que la digitalización tiene en la economía y en el conjunto de la población. Medidas como las propuestas en el escenario internacional, cómo en el caso de Chile, permitieron que a través de los procesos de subasta en donde se dieron requisitos como inversiones, metas de cobertura y planes de empleo, entre otros, el país se posicionase como líder regional en despliegue de 4G, dando lugar a contraprestaciones que generaron para el Estado Chileno ahorros de hasta USD 250 Millones. La línea a seguir es situar los mecanismos de inversiones y la maximización del bienestar social por sobre recaudación fiscal, como para el caso de 5G vienen considerando gobiernos como el de Hong Kong, que prevé no cobrar por el uso del espectro, para reducir costos de inversión y acelerar los respectivos despliegues.

Sin duda, la actualización del marco rector del sector será decisivo para el rol que Colombia va a jugar en el ecosistema digital regional y global y para el bienestar de todos los colombianos. Se trata de un desafío urgente, pues dar un salto en materia de eficiencia y productividad es la vía para sostener un crecimiento acelerado que sirva para construir un país con más y mejores oportunidades para todos. De no hacerlo, tal como lo indica McKinsey para la región, el crecimiento económico de los próximos 15 años podría ser hasta u 50% inferior al de los 15 años precedentes.