¿Vives en un país digitalizado?

Es probable que la respuesta a la pregunta del titular sea “no”, especialmente si estás leyendo esto desde algún país latinoamericano.

Trámites aparentemente tan sencillos como obtener tu partida de nacimiento o radicar una actualización empresarial pueden convertirse en una odisea en muchos países de la región, mientras que en Estonia, Israel, Corea del Sur, Nueva Zelanda o Reino Unido (los más avanzados en gobierno digital, lista en la que también está Uruguay y México), se trata de algo trivial y generalmente poco traumático.

Completar un trámite en América Latina demora más de 5 horas en promedio (en algunos países más de 11), y solo el 7% de los ciudadanos reportan haber hecho su última diligencia en línea. Actualmente solo tres países de la región (Brasil, México y Uruguay) tienen más de la mitad de sus trámites disponibles online, en contraste con la Unión Europea, donde el 81% de los trámites se pueden iniciar virtualmente.

Pero vivir en un país digitalizado no es responsabilidad exclusiva de tu gobierno ni tiene que ver solo con su capacidad de proveer servicios públicos digitales. De hecho, existen una serie de barreras de entrada que dificultan la adopción masiva de tecnologías digitales en todos los sectores económicos, poblacionales y gubernamentales.

Por ejemplo, el precio de la suscripción a banda ancha en América Latina representa alrededor del 10% del salario del 40% más vulnerable (en los países de la OCDE menos del 3%), y solo el 68% de la población tiene suscripción a banda ancha móvil. A estas variables se suma la informalidad laboral, que dificulta la bancarización y pagos en línea de cerca de la mitad de latinoamericanos.

De todas formas, aunque estos datos puedan dar pie al pesimismo, no todo son malas noticias. En los últimos años, y especialmente en los últimos meses como consecuencia de la Covid-19, los gobiernos latinoamericanos han arrancado una carrera prometedora para cerrar sus brechas digitales en tres ámbitos clave: digitalización de gobiernos, infraestructuras digitales y participación de ciudadanos y empresas en la economía digital.

Digitalización de gobiernos

En el primer ámbito destaca la tendencia denominada Govtech, que se refiere a los emprendimientos tecnológicos que buscan mejorar la eficiencia en los procesos operativos y administrativos de los Estados. Estas start-ups deberían contribuir a minimizar el “papeleo”, las trabas burocráticas y la corrupción en la región.

“Así como la industria financiera ha transformado el sector financiero, las startups digitales están transformando a los Estados. Es imprescindible poner nuestras burocracias en mod start-up, lograr Estados más agiles para promover la recuperación”, dice Carlos Santiso, director de la Dirección de Innovación Digital del Estado en CAF -banco de desarrollo de América Latina.

Santiso asegura que la región necesita gobiernos más inteligentes, y que eso solo se logrará desarrollando alianzas público-privadas con nuevas empresas que provean tecnologías digitales y uso de datos  que produzcan soluciones relevantes y rentables. “Es la forma más eficiente de eliminar procesos burocrátricos innecesarios y de ofrecer servicios del S.XXI a ciudadanos del S.XXI”, asegura. 

La emergencia de start-ups tecnológicas con vocación pública es, por lo tanto, una de las tendencias globales que los Estados latinoamericanos están implementando para digitalizarse.

Infraestructuras digitales

Otro ámbito determinante para saber si vives en un país digitalizado está relacionado con las infraestructuras digitales. Si no se tienen canales digitales funcionales a precios accesibles, será imposible que empresas, ciudadanos y gobiernos se digitalicen. Estamos hablando de redes de telecomunicaciones para resolver temas de teletrabajo, aprovisionamiento de bienes, conectividad social, acceso a información y entretenimiento, entre otros.

“Las redes 5G, el Internet de las Cosas y la economía de plataformas ya están aquí y la región necesita subirse a ellas proactivamente para no quedarse atrás como en previas revoluciones tecnológicas”, dice Ángel Melguizo, Vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T para América Latina.

Para lograrlo, explica Melguizo, el sector público y privado tendrían que invertir más en la economía digital y avanzar en regulaciones más inteligentes, especialmente en seguridad y privacidad de los datos, y protección de la propiedad intelectual. Y fomentar la competitividad, ya que es la única manera de aumentar la conectividad, tanto en zonas rurales como urbanas.

Este ámbito es quizás el más complejo para lograr que la región cierre las brechas con las economías avanzadas, ya que requiere de la coordinación efectiva entre el sector público y privado, y depende de grandes inversiones, que en el contexto actual son difíciles de concretar. El papel de los bancos de desarrollo regionales será esencial, tanto para movilizar los recursos como para asegurar que se emplean de la manera más eficiente.

Digitalización de las pymes

La última parada de los países digitalizados pasa inevitablemente por las pymes, que en América Latina representan al 90% de las empresas. En este frente, la situación puede resumirse con las siguientes cifras: solo el 40% de las pymes tienen página web; solo el 27% usa el comercio electrónico; y solo el 30% usa medios de pago electrónicos.

La baja digitalización de las pymes de la región explica parcialmente los bajos niveles de productividad y su poco crecimiento (en comparación con regiones como Asia, por ejemplo). A esto se suma que no suelen tener trabajadores con las habilidades digitales que necesitan para lograr una transformación digital con éxito, y tampoco generan empleo de calidad.  

Como vemos, todavía queda un largo camino por recorrer para que la gran mayoría de latinoamericanos viva en países digitalizados y participen activamente en la economía digital. Ese será el primer paso -y una condición necesaria- para que la región pueda participar con una voz propia en los principales debates globales sobre digitalización, como la propiedad de los datos o la ciberseguridad.