Los retos en materia de infraestructura e innovación post pandemia para los países de Latinoamérica

Durante el cuarto encuentro de la serie Diálogos de Política para la Recuperación Post Pandemia, llamado “Políticas para el Fortalecimiento de las Capacidades Estatales”, altas autoridades de gobiernos de la región y especialistas de CAF -banco de desarrollo de América Latina- analizaron ideas orientadas a realizar políticas que permitan fortalecer las capacidades de los gobiernos de la región y alcanzar mayores niveles de eficiencia y transparencia en la ejecución de proyectos de inversión.

En el primer panel, moderado por Antonio Silveira, vicepresidente de Infraestructura de CAF, se habló de las problemáticas que existen en Latinoamérica y el Caribe, incluso desde antes de la pandemia, y de la responsabilidad tanto de entes gubernamentales como de empresas de trabajar en conjunto para resolverlas.

La primera intervención estuvo a cargo de Gustavo Fajardo, economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF, quien señaló que las inversiones en infraestructura son fundamentales hacia los próximos años para promover la recuperación económica de la región. Indicó que si bien existen déficits al respecto y limitaciones presupuestarias, se puede trabajar en aumentar la eficiencia de las inversiones, es decir, conseguir más por lo que se invierte con el fin de impulsar al desarrollo.

Posteriormente Mónica López, ejecutiva principal de la Dirección de Evaluación Técnica y de Infraestructura de CAF, destacó la relevancia de que los gobiernos añadan dentro de su planificación de desarrollo a las Asociaciones Público Privadas (APP). También indicó que para la correcta gestión de dichas APPs se requiere que las naciones establezcan un marco normativo entendible y aplicable, no sólo desde el punto de vista del inversor sino para beneficio de los propios funcionarios públicos que hacen cumplir dichas regulaciones.

Sebastián López, ejecutivo principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado en CAF, enfatizó el concepto de gobernanza ágil para la creación de políticas públicas de digitalización e innovación en conjunto con los ciudadanos. Añadió que es necesario desarrollar soluciones que permitan la resolución de problemas de forma inmediata, así como la obtención, para la población, de mejoras constantes en cuanto a servicios. Señaló que es fundamental diseñar este tipo de políticas al mismo tiempo que se implementan, para medir su impacto y el beneficio que la ciudadanía obtiene.

Finalmente Camilo Cetina, ejecutivo principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado de CAF, cerró el primer panel indicando que existe el reto de reconocer y explotar, aún más, el valor de los datos para generar políticas públicas que permitan la reactivación económica. Señaló que previo a la pandemia, el nivel de desinformación que existía sobre la reacción de política pública ante la COVID-19 era enorme. Actualmente, cuando los diferentes gobiernos y autoridades comienzan a obtener más información y datos sobre el comportamiento del virus, se acelera el entendimiento de la población sobre el problema y se da una reacción más cualificada en cuestión de política pública para enfrentar la crisis sanitaria.

El segundo bloque contó con la participación de Carmen Ligia Valderrama, Viceministra de Transporte de Colombia; Luis Ricardo Oliva, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá; y Antonio Carlos Bezerra Leonel, secretario federal de Control Interno de la Contraloría General de la Unión, de Brasil.

En este panel resaltaron la evolución en la gobernanza en cuanto a los desafíos presentados de la pandemia, con una énfasis en el impacto de la digitalización de procesos sobre las capacidades estatales, especialmente en la prestación de los servicios a los ciudadanos. Señalaron, también, que reactivar el desarrollo de infraestructura fomenta la conectividad y eleva la generación de empleos, lo que impacta muy positivamente al desarrollo de sus respectivos países.

Finalmente, destacaron la necesidad de involucrar a los ciudadanos en el desarrollo de macroproyectos de infraestructura, con el objetivo de generar una mayor transparencia, necesaria para fortalecer la institucionalidad y articuladamente la participación social.