CAF aprueba histórico programa de USD 800 millones para modernizar el sistema de justicia y penitenciario de Perú

El Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó una línea de crédito por USD 800 millones para financiar el "Programa de mejora y cierre de brechas del Sistema Penitenciario Nacional" de Perú, el más ambicioso en su tipo en Suramérica, que busca transformar radicalmente las condiciones de las personas privadas de libertad en el país. 

El programa, que cuenta con un monto total de USD 1.000 millones y será ejecutado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representa una respuesta integral a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario peruano. La iniciativa se enmarca en la Política Nacional Penitenciaria a 2030 y la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria 2025-2026 del Perú y se complementa con el Marco Estratégico de Seguridad y Justicia para el Desarrollo de CAF.

"Este programa marca un hito en nuestro compromiso con la transformación social y el desarrollo humano en América Latina", dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. "Creemos que la rehabilitación y readaptación social junto con la prevención del delito son pilares fundamentales para construir sociedades más justas y seguras. Con esta inversión histórica, estamos contribuyendo no solo a aumentar la seguridad y fortalecer el tejido social peruano, sino que también apostamos a la prevención del delito y a la reinserción social exitosa”.

El programa permitirá la renovación de la infraestructura penitenciaria, e incluye la construcción de establecimientos modernos, incorporando medidas de infraestructura sostenible, entre ellas sistemas de energía solar, reúso de agua y reciclaje, y medidas de seguridad y de prevención del crimen. También dotará a las nuevas instalaciones con mobiliario y sistemas tecnológicos avanzados que modernicen la gestión penitenciaria. 

Esta iniciativa posiciona a Perú como referente regional en la modernización de sistemas penitenciarios, el cual está basado en un modelo de justicia que combine seguridad integral, rehabilitación y sostenibilidad ambiental, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.