El triple desafío de la transición energética

La transición global hacia fuentes energéticas más limpias ha pasado a convertirse en una prioridad para todo el planeta, urgido por contener el calentamiento global exacerbado y sus catastróficas consecuencias.

El uso de los combustibles fósiles –o energías no renovables– es el mayor generador de gases efecto invernadero (GEI), los grandes causantes de la pérdida de ozono presente en la atmósfera. Al tragarse el ozono, los GEI dejan huecos enormes en la atmósfera por donde la radiación ultravioleta entra libremente para alterar el clima y la dinámica normal de los recursos naturales, vientos, mares, ríos y suelos, cuyas transformaciones en muchos de los casos son acumulativas e irreversibles.

La alarmante situación movilizó a los países para reunirse, poner el tema sobre la mesa y discutir sobre qué camino tomar. Así, bajo la sombrilla de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), surgió el Acuerdo de París, firmado en 2015 por 196 países, entre ellos los 33 de América Latina y el Caribe (LAC).

Gracias a este, se oficializó el compromiso de reducir las emisiones de GEI y se establecieron metas por región de cara a 2030 (ver cuadro de compromisos), año en el que los logros materializados por cada integrante del consenso pasarán a examen. Así mismo, se acordó redoblar esfuerzos para no superar el nivel de 1,5 grados Celsius de elevación de la temperatura global al finalizar el siglo XXI y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

El mundo desarrollado ha tenido históricamente una mayor cuota de responsabilidad en las emisiones. Su contribución representa el 45% del total. En contraste, LAC ha aportado solo el 11% de esa torta, según el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– dedicado a la transición energética y presentado en el marco de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP16) de Cali (Colombia), en octubre pasado.

Es de suponer, por lo tanto, que son los países desarrollados los llamados a llevar la delantera en el cumplimiento del pacto de 2015. El consenso global reconoce la urgencia de reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, no existen soluciones que se apliquen de la misma forma en todas las latitudes.

La región, por su parte, se ha comprometido a reducir sus emisiones para 2030 en un 10,8% con relación a 2020. Esta disminución es superior a la asumida a nivel global (menos del 1%), pero inferior a la de América del Norte o la Unión Europea (37% y 29%, respectivamente).

Región con problemas estructurales

Sin embargo, llegar a esas metas es realmente un reto para LAC, especialmente por los problemas socioeconómicos estructurales que aún tiene la región por resolver, en comparación con los logros de los continentes más avanzados en desarrollo.

El RED de CAF resalta que al evaluar la densidad poblacional y el consumo per cápita de energía, sobre todo el proveniente de los combustibles fósiles y del carbón, la región supera en los mencionados índices al resto de los continentes. Esto, si se trata de la demanda, pues el último reporte de la Agencia Internacional de Energía indica que en la actualidad el 75% de las emisiones de GEI proviene de países con ingreso per cápita medio o bajo.

Durante las últimas décadas, el PIB per cápita de la región se ha mantenido un 30% por debajo del de Estados Unidos. Esta condición se asocia a la baja productividad, que, a su vez, se vincula con un exceso de empresas pequeñas, informales, y con bajo capital físico, humano y organizacional.

Los países de LAC no solo tienen un ingreso por habitante relativamente bajo, sino también una distribución del ingreso muy inequitativa. En promedio, 1 de cada 3 personas en Latinoamérica es pobre y 12 de cada 100 viven en la pobreza extrema, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 2022.

Así mismo, en su reporte de 2024 el organismo advierte que las economías de los 33 países de la región crecieron a un ritmo lento durante el año pasado, pues lograron una expansión de solo 2,2%, y que para 2025 se mantendrá en un rango de crecimiento no superior a 2,4%.

Retos de vieja data

El RED 2024 de CAF sobre el tema plantea que la región debe lograr un crecimiento económico superior al de los países desarrollados para cerrar la brecha de inequidad y pobreza, al mismo tiempo que redoblar los esfuerzos sobre la mitigación de las emisiones de GEI para cumplir la meta.

En definitiva, LAC se está viendo abocada a enfrentar el triple desafío de hacer la transición hacia las energías limpias sin detrimento de sus economías ni de su biodiversidad y con la premisa de cerrar la brecha de la pobreza.

Para conseguirlo, tendría que afrontar retos de vieja data sin superar y que tienen una gran cuota de responsabilidad en la lentitud de su desarrollo socioeconómico.

En primer lugar, aún persisten problemas focalizados de acceso a fuentes de energía de calidad, a pesar de los grandes avances logrados. El RED de CAF revela que por lo menos el 40% de la población rural de Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú todavía cocina y calienta sus hogares con leña.

En segundo lugar, existen desafíos en materia de eficacia del suministro energético. Datos de la Encuesta a Empresas del Banco Mundial indican que cerca del 60% de las compañías manufactureras declaran haber tenido dos interrupciones del servicio eléctrico por mes, durante periodos promedio de tres horas. Por este panorama, una de cada tres empresas de la región considera los problemas en el suministro de electricidad un obstáculo mayúsculo para su productividad. Esa cifra es 40% superior a la de Europa y Asia Central unidas.

Además, los niveles de pobreza y vulnerabilidad de un grueso de la población, como ya se mencionó, demandan protección frente a los fuertes cambios distributivos que pueda generar la transición energética e imponen a los hogares restricciones a la adopción de tecnologías limpias o eficientes energéticamente.

Otra característica de los mercados energéticos de la región que vale la pena resaltar es la presencia de subsidios a la energía. Aunque varios países del continente, entre ellos Argentina, Chile, Colombia y México, vienen desmontando paulatinamente los subsidios a los combustibles fósiles, estos, a la fecha, equivalen al 4,7 % del PIB regional, concentrados principalmente en Venezuela. La existencia de estos subsidios puede promover una alta demanda de las energías no renovables, con su consecuente impacto en las emisiones.

La transición energética de la región, como lo subraya CAF en su RED, no puede ocurrir de espaldas a estas realidades. Su desarrollo sostenible implica ciertamente reducir las emisiones de GEI de origen energético para tener un planeta más sostenible y, a la vez, cerrar las brechas de ingreso per cápita existentes y reducir las desigualdades sociales y energéticas.

Más que obstáculos, oportunidades

La historia reciente de los países desarrollados sugiere que es viable lograr un crecimiento del producto por habitante y reducir las emisiones, concepto denominado desacople.

Del análisis de CAF, en su más reciente RED, se dilucida que la región podría, por ejemplo, convertirse en centro de la industria verde de vehículos y artefactos tecnológicos que demandan minerales que se producen en abundancia en extensos territorios del continente, tales como el níquel, el litio, el cobre y el cobalto (ver recuadro).

En uno de sus informes más frescos, el Foro Económico Mundial precisa que el mundo necesita 2.000 millones de vehículos eléctricos, cuyo mineral esencial para sus baterías es el litio. Argentina, Chile y Bolivia conforman el llamado “Triángulo del Litio”: estos países concentran el 68% de los reservorios del mineral, principalmente en forma de salmueras, lo cual resulta más fácil y barato de procesar en comparación con los hidrocarburos. Esto nos ubicaría en el núcleo de la industrialización verde, consolidaría la nueva era de la migración hacia las fuentes energéticas renovables y permitiría equipararnos en términos de desarrollo con los países más avanzados en este campo.

Aquí, vale la pena resaltar la consigna en tema energético con la cual CAF llegó a la COP16 y que reforzará este año en la COP30 de cambio climático, en Belém (Brasil): soluciones regionales con visión global. Es decir, LAC tiene con qué abanderar la puesta en marcha de políticas e iniciativas de carácter regional que brinden un impacto positivo y sostenible a nivel global.

Pero, de la mano con ello, se tiene que dar una gran revolución en el campo de la ciencia, la innovación, la tecnología y la educación, con el fin de entrar adecuadamente en la era del consumo de energía eficiente y limpia; esta profunda transformación de la mentalidad y el acceso supone, ante todo, que la región aprenda cómo hacer del consumo eficiente de energías verdes parte de su cotidianidad, y que tenga acceso democrático y de calidad a dichas fuentes, lo cual implicaría, entre otros, opciones efectivas de respuesta a la demanda, mediante la creación de nuevos tipos de combustible limpios y amigables con el medioambiente.

En la última década, los países de América Latina y el Caribe han incrementado considerablemente sus esfuerzos para reducir las emisiones de GEI. Entre 2015 y 2022 la región aumentó su capacidad renovable en 51% y, al cierre de 2024, este índice se elevó a 64% de generación a partir de fuentes renovables, dice el informe RED. Se espera que esta cifra alcance el 70% de la provisión de energía renovable para 2030.

Para el caso particular de Colombia, la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia) ha indicado en su informe reciente que en la última década el consumo de energías de este tipo ha pasado de un 2% a un 10%. Algunos países que lideran la transición energética en la región son Brasil y Chile. Costa Rica y Paraguay también se encuentran entre aquellos con mejores resultados en el índice planetario.

Por otro lado, la región es rica en recursos hídricos, minerales indispensables para la producción de medios de transporte –rubro que junto con la producción industrial se constituye en el mayor consumidor de energías no renovables– y de tecnología necesaria para la transición resiliente, como se indicó anteriormente.

Una de las necesidades que más se evidencian en el análisis global de la migración hacia energías limpias en la región es el hecho de que el consumidor a pequeña escala pase a convertirse en un actor productivo dentro de la cadena de valor de la nueva estructuración de sistemas masivos de provisión de energías limpias. Ello, en términos sencillos, significa que una familia promedio pueda generar su propia energía –mediante la instalación de paneles fotovoltaicos, por ejemplo– sino proveer vatios verdes sobrantes para ser incluidos y comercializados en la red transnacional, con lo cual pasaría de ser mero consumidor a “prosumidor”.

El camino de esta masificación tiene su eje, como lo indica el RED de CAF, en la construcción de subsidios bien focalizados y efectivos que promuevan la accesibilidad y la asequibilidad a los equipos y la tecnología necesaria para ello.

Tal hecho significaría un gran salto para la región en el propósito de reducir las emisiones de GEI, avanzar enormemente en la neutralización climática y estrechar fuertemente la brecha de la pobreza.

Demostrado está que las energías eólica y solar han alcanzado niveles de competitividad ideales, en comparación con la energía no renovable, y que resultan, incluso, más baratos. Hace falta entonces, como enfatizan el RED de CAF y la vocería de SER Colombia, poner el pie en el acelerador y propiciar los escenarios idóneos para la expansión de los sistemas de provisión de energía verde.