Financiación para el Desarrollo: Diálogo sobre alternativas viables

Cuando en abril de 2024 un reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostuvo que la financiación para el desarrollo se encontraba en una encrucijada, resultaba difícil imaginar que algo más de un año después el diagnóstico sería todavía más complejo. Y es que, desde entonces, tanto las tensiones geopolíticas al alza como el giro en las relaciones internacionales de Estados Unidos con el resto del mundo han contribuido a un enrarecimiento mayor del ambiente. Mientras tanto, los desafíos persisten. Basta con examinar lo dicho por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un documento recientemente publicado con el cual desea contribuir al examen del tema. Según la entidad multilateral, “conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 aparece como algo cada vez más improbable”. El escrito agrega que (las metas fijadas) “requerirían financiamiento que excede supuestos creíbles y sobrepasan lo que los países podrían absorber sin crear desbalances macroeconómicos adicionales”. Tan solo en cinco áreas clave (educación, salud, infraestructura vial, acceso a la electricidad y agua y saneamiento), el cálculo del organismo habla de 3,5 billones de dólares (trillones, en inglés) entre 2025 y 2029.

Un aspecto particularmente crítico es el de las acciones necesarias para contener el cambio climático, sobre todo después de que la Organización Meteorológica Mundial confirmó que el año pasado fue el más cálido desde cuando existen registros confiables. El alza de 1,55 grados centígrados sobre los niveles de la época preindustrial en las temperaturas promedio confirma que el escenario que preocupaba a los especialistas es una realidad. Lo anterior no desconoce que en espacios como la reunión de la COP29 sobre el Cambio Climático, ocurrida en Bakú en noviembre pasado, se haya adoptado un nuevo objetivo colectivo de 100.000 millones de dólares en financiación, que se triplicarían para 2035. Especialmente crítico para América Latina es el requisito de movilizar 200.000 millones de dólares anuales para la biodiversidad en 2030, de los cuales 30.000 corresponderían a financiación internacional.

Sin embargo, más allá de los buenos propósitos, la realidad muestra otra cosa. En concreto, aparte de que algunos consideran insuficientes las promesas hechas, estas se han venido incumpliendo, entre otras razones porque hay cuellos de botella tanto en las fuentes de recursos como en la capacidad de sus potenciales destinatarios. Por cuenta de esa situación, y en contraste con el entusiasmo que circundó en su momento los logros relacionados con los Objetivos del Milenio, ahora la sensación raya claramente en el desánimo. De vuelta a la ONU, cerca de la mitad de las 140 metas tangibles establecidas en los ODS no van por la senda esperada y apuntan a incumplirse.

Como siempre sucede en estos casos, las explicaciones son múltiples y vale ahondar en algunas de ellas. El ejercicio es válido porque en medio del ácido diagnóstico es indispensable encontrar salidas para aliviar la situación de cientos de millones de personas en condición desesperada y las brechas de ingreso y de oportunidades que hacen de este mundo un lugar todavía más desafiante.

Cuesta arriba

Aun si desde un comienzo la factibilidad de lograr lo propuesto era difícil, lo cierto es que las condiciones globales han empeorado en años recientes. Varios choques de marca mayor han aumentado los obstáculos que necesitan sortear los países, incluso para mantener una relativa normalidad. Sin duda alguna, el golpe más fuerte vino con la pandemia. Aparte de los casi 15 millones de personas que perdieron la vida debido al covid-19 hasta finales de 2021, la emergencia sanitaria alteró el ritmo de la humanidad entera. Desde el punto de la movilidad, los confinamientos obligatorios y voluntarios afectaron la vida cotidiana de miles de millones de individuos, dando lugar a grandes trastornos, sobre todo en las zonas urbanas. En América Latina, en donde cerca del 80% de sus habitantes reside en cabeceras municipales, el efecto fue notorio sobre aquellos hogares asociados al trabajo informal y tuvo que ver con las rápidas tasas de contagio que elevaron los índices de mortalidad.

Con respecto a la economía, la crisis obligó a los diferentes gobiernos a asumir gastos extraordinarios. Estos comenzaron con la compra de mascarillas, respiradores y la conversión de cuartos de hospital en unidades de cuidado intensivo. Acto seguido resultó imperativa la compra de vacunas en un mercado en el cual los vendedores tenían más poder de negociación a su favor. Lo anterior se complementó con las ayudas destinadas tanto a los hogares vulnerables como a las empresas, con el fin de proteger el empleo formal. Si bien la respuesta varió mucho entre un lugar y otro, en general ello se sumó a una presión presupuestal importante. Y es que la súbita parálisis también condujo a una inusitada contracción económica que además derrumbó los ingresos estatales. Como resultado, los déficits públicos se dispararon y el peso de la deuda creció de manera significativa en los cinco continentes.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la normalización tampoco fue fácil. De un lado, la reapertura tuvo lugar de manera dispar, con lo cual aparecieron cuellos de botella en el abastecimiento de productos primarios, intermedios y manufacturados. Del otro, el ataque de Rusia a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, dio lugar a complicaciones adicionales, relacionadas con el abastecimiento de petróleo, minerales, fertilizantes y granos, entre otras. La conjunción de eventos inesperados trajo consigo un alza significativa en los índices de inflación que, en el caso del hemisferio norte, bordearon el 10% anual a mediados de 2023, el promedio más elevado en cuatro décadas. Para un buen número de naciones, importadoras netas de alimentos, el alza en el precio de los combustibles y la comida se convirtió en un factor adicional de tensiones sociales y de gastos, surgidos de la necesidad de subsidiar bienes y servicios de primera necesidad.

Aparte de lo mencionado, ahora aparecen las tensiones en el plano comercial. La imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos ha puesto en entredicho la estabilidad del sistema internacional de comercio. Más allá de las discusiones bilaterales en curso y de los acuerdos alcanzados entre Washington y otras capitales, los paradigmas existentes han sido reemplazados por la incertidumbre. Todo ello impacta el desempeño de la economía mundial. Según el FMI, el crecimiento global para 2025 se ubicaría en 2,8%, medio punto porcentual menos que lo proyectado en enero pasado. Si bien para el año que viene la cifra subiría a 3%, el dato sigue siendo muy inferior al promedio de 3,7% anual observado entre 2000 y 2019.

Así las cosas, las perspectivas distan de ser las mejores en estos momentos. De acuerdo con el FMI, “dependiendo de su situación individual, las economías en desarrollo pueden verse impactadas a través de diversos canales, incluyendo los nuevos aranceles, el recorte de la ayuda oficial para el desarrollo de los principales donantes, la presión en los precios de los bienes primarios debido al menor crecimiento (con algunos que tenderán al alza), el estrechamiento de las condiciones financieras internacionales y los movimientos de las tasas de cambio, lo cual se agrega a los desafíos de vieja data”.

Las opciones

Tales antecedentes pueden llevar a pensar que la Cumbre de Sevilla (España) sobre Financiamiento para el Desarrollo difícilmente conseguirá avances significativos y más a la luz de la Agenda de Acción acordada en Adís Abeba (Etiopía) diez años atrás. Tal como lo señala el reporte escrito para la reunión por la Comisión Internacional de Expertos en Financiamiento para el Desarrollo, “la muy alardeada transición de ‘billones a trillones’ que contemplaba intervenciones apalancarían grandes cantidades de inversión privada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible nunca se materializaron”.

Junto a esa realidad aparece el debilitamiento de la arquitectura sobre la cual se apoyan las normas e instituciones de carácter internacional. En la medida en que más naciones hacen a un lado las reglas escritas y anteponen sus intereses nacionales a las soluciones de consenso, se vuelve más difícil el terreno sobre el cual se mueve la acción colectiva. A la lista se pueden agregar las tensiones geopolíticas, el deterioro en el clima de seguridad en numerosos puntos del globo, la degradación ambiental, las presiones migratorias y el aumento de la xenofobia. En materia social, la lucha contra la pobreza avanza a ritmo más lento, mientras la desigualdad de ingresos entre personas, países y regiones de una misma nación no da señas de disminuir.

Bajar los brazos y perder las esperanzas quizás sería lo más fácil en ese contexto tan difícil. Sin embargo, muchos opinan que precisamente el momento actual es el indicado para darles un nuevo empujón a los esfuerzos tendientes a cerrar las brechas entre el norte y el sur. José Antonio Ocampo, quien tuvo a su cargo el grupo de tarea que redactó el trabajo de los expertos citado atrás, es una de esas personas. Para el exministro colombiano, lo que procede es una mirada franca a los obstáculos con el fin de buscar salidas viables.

Dentro de las tareas, “el tema más urgente es, sin duda, el manejo de los problemas de sobreendeudamiento de un grupo amplio de países en desarrollo”, escribe. No solo se trata de lo que representa el peso de las acreencias como proporción de las respectivas economías, sino el alto costo del servicio de la deuda, que tiende a aumentar ante la perspectiva de tasas de interés internacionales más elevadas. Frente a la urgencia de tomar correctivos, la opción es “una nueva política de emergencia para renegociar esas deudas”, opina Ocampo. El mecanismo a seguir sería el Marco Común aprobado por el Grupo de los Veinte en 2020, aunque “en forma ampliada para garantizar la participación de todos los acreedores, procesos más rápidos de negociación que los que han tenido lugar en los pocos países africanos que lo han utilizado, y el acceso al nuevo instrumento por parte de los países de renta media”. Quien estaría a cargo del proceso sería una institución de carácter permanente que tendría su génesis en la ONU o el FMI, bajo mecanismos de gobernanza técnicos y estrictos. El ambicioso planteamiento llega hasta subrayar que “sería conveniente mejorar los mecanismos de negociación ya existentes en el mercado internacional de bonos, particularmente las cláusulas de acción colectiva y los mecanismos de agregación”.

Adicionalmente, el grupo de expertos se concentra en otros asuntos fundamentales. La agenda comienza con la cooperación internacional en materia impositiva y el combate a los flujos ilegales de capitales. Aquí lo que se busca es corregir las inequidades de un sistema que incluye la tributación inadecuada de los individuos con mayor patrimonio, la ubicación de utilidades empresariales en los regímenes más favorables y la evasión facilitada por los paraísos fiscales, entre otras irregularidades.

No menos importante es respaldar los instrumentos en favor de la cooperación para el desarrollo. Este acápite comienza con el papel que juegan los bancos multilaterales y nacionales centrados en el desarrollo, junto con la promoción de los mercados de bonos en el ámbito doméstico. Aparte de puntos relacionados con capital, solvencia y espacio para operar, aparece la necesidad de trabajar con el sector privado y de mejorar los esfuerzos de coordinación institucional.

Igualmente, el debate requiere enfocarse en la ayuda para el desarrollo y el financiamiento concesional. Una mirada a la evolución reciente revela, en opinión de la fuerza de tarea, el surgimiento de intereses geoestratégicos por encima del de las poblaciones que requieren este tipo de apoyo. Dadas las estrecheces fiscales, no se trata de conseguir necesariamente más fondos sino de hacer las cosas mejor, fuera de considerar la cooperación Sur-Sur y los esquemas triangulares.

Dentro de las propuestas no podía faltar la del financiamiento ambientalmente sustentable. Sin desconocer que criterios como el impacto climático o los efectos sobre la biodiversidad están más presentes ahora, queda todavía mucho camino por recorrer, tanto en lo que atañe a simplificar y fortalecer el sistema actual, como a corregir desequilibrios y movilizar más recursos.

Puede ser que el ambiente actual no sea el más propicio para hablar de asuntos relacionados con el comercio, la industrialización o las inversiones, pero la discusión es inevitable en un mundo en el cual nadie es plenamente autosuficiente. Si bien los debates más intensos pueden darse en otros escenarios, en Sevilla debería quedar claro que la mayoría de los países entiende las ventajas que trae una mayor integración, algo que debe pasar por menores barreras y el aprovechamiento de ventajas comparativas.

¿Se pueden esperar resultados positivos sin pecar de exceso de optimismo? Numerosos conocedores coinciden en que así es. Más allá de la compleja coyuntura global, persiste el ánimo de dialogar y entenderse con el fin de enfrentar retos que son comunes para muchos. Y no se trata de construir frases llenas de lugares comunes, sino de buscar que la financiación para el desarrollo juegue un papel cada vez más protagónico en el progreso del mundo. Pocas inversiones resultan tan rentables desde el punto de vista colectivo de la humanidad como aquellas que garanticen un futuro más equitativo y sostenible para los miles de millones que hoy enfrentan múltiples carencias. El camino no es fácil, pero ese no es un argumento para perder el ánimo a la hora de seguir dando pasos con la vista puesta en un mejor presente para todos.

CAF presente en Sevilla

La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4, por su sigla en inglés), que empezará el próximo 30 de junio e irá hasta el 3 de julio en Sevilla (España), tiene entre sus temas la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030 y la reforma de la arquitectura financiera internacional. Por primera vez, esta cumbre, que se hace bajo la sombrilla de la ONU, tendrá sede en un país del Norte Global. Las anteriores se hicieron en Monterrey (México), Doha (Catar) y Adís Abeba (Etiopía). CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– participará con una agenda amplia y estratégica que combina iniciativas propias y colaborativas con aliados. Además, desarrollará actividades adicionales en un espacio reservado (Real Fábrica de Artillería), lo que permitirá fortalecer su presencia institucional y promover una visión regional del desarrollo sostenible en los distintos ámbitos del encuentro. El 29 de junio, CAF reunirá en Sevilla a su Directorio, máximo órgano de decisión, conformado por autoridades económicas de sus países accionistas. Esta sesión reviste especial relevancia, al alinearse con los debates globales de la FfD4 y fortalecer la gobernanza institucional en un momento clave para redefinir el rumbo del financiamiento al desarrollo en América Latina y el Caribe.