La gobernanza inclusiva, palanca para erradicar la pobreza

“Dadme una palanca lo suficientemente grande, un punto de apoyo y moveré el mundo”. El sentido de esta frase, atribuida al genio científico Arquímedes de Siracusa, ilustra la complejidad del desafío que enfrentan los países de América Latina y el Caribe (LAC) para sacar de la pobreza a 172 millones de personas, de las cuales 66 millones ni siquiera cuentan con ingresos para una canasta básica de subsistencia.

Ese desafío hace parte del compromiso global que los países del mundo asumieron el 25 de septiembre del 2015, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de Naciones Unidas, para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad antes del 2030, mediante el cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Pero las cosas no van bien, ni para el mundo ni para la región. El informe del 2023 sobre cumplimiento de estos compromisos mostró que la pandemia por covid-19 y la triple crisis del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación están teniendo repercusiones devastadoras y duraderas a nivel global y para la región.

Los avances para más del 50% de las metas de los ODS se calificaron como endebles e insuficientes, mientras el 30% de estas permanecen estancadas o han retrocedido, incluidos temas de pobreza, hambre y clima. “Si no actuamos ahora, la Agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que podría haber sido”, advirtió el informe.

La situación es que no solo se trata de quienes ya son pobres. Una de cada cinco personas en el mundo está en alto riesgo de caer en la pobreza. “En América Latina son 90 millones de personas expuestas” aseguró Luis Felipe López Calva, director global de pobreza e igualdad del Banco Mundial.

Se pacta alianza

Frente a esta encrucijada, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– pactaron una alianza para ser punto de apoyo en la región y comenzaron por identificar la palanca capaz de movilizar una acción colectiva que les dé vuelta a los resultados y ayude a eliminar o minimizar los riesgos.

El panorama al que se enfrentan es complejo: a seis años de terminar el plazo y con las metas a medio camino, los países de la región están sumergidos en una creciente polarización y desconfianza ciudadana en sus líderes e instituciones y sufren el impacto permanente a los riesgos del cambio climático y los fenómenos naturales.

A eso se suman las presiones que ejercen los problemas de seguridad ciudadana y los conflictos de diversa índole –en muchos casos con control territorial ilegal–, la corrupción y las extremas desigualdades, que obstaculizan las transformaciones de las normas sociales y culturales e impiden consolidar el contrato social y avanzar hacia el cumplimiento de los ODS.

“El crimen organizado representa un reto permanente: América Latina sigue siendo la región más violenta del planeta, con la mayor cantidad de homicidios per cápita del mundo y una de las principales amenazas a las democracias imperfectas”, recordó Michelle Muschett, directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

“Para el PNUD, democracia y desarrollo humano son dos caras de una misma moneda que se refuerzan mutuamente: a mayor democracia, más desarrollo humano como proceso de expansión de libertades; a más desarrollo humano, más demanda por una gobernanza democrática que proteja y promueva dichas libertades”, dijo Muschett.

“Estamos convencidos de que fortalecer la gobernanza es fundamental para construir sociedades más justas, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe”, afirmó Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Gobernanza: esa es la palanca que identificaron PNUD y CAF para movilizar a la región. Y se pusieron en la tarea de construir colectivamente unos mínimos de acción de los cuales partir para establecer una agenda común en la que la conversación permanente de todos los actores sea una línea conductora.

Entonces, promovieron unos primeros diálogos subregionales en los que participaron cien personas representativas de la academia, el sector privado, las organizaciones sociales, los partidos políticos, los gobiernos centrales y locales, y representantes de algunos organismos internacionales de la región.

Esos diálogos confirmaron que la palanca sobre la cual deben apoyarse los países de la región para erradicar la pobreza es la gobernanza, pero no de cualquier tipo: debe ser inclusiva y promover el desarrollo, lo cual implica que el poder político refleje a todos los sectores de la sociedad, que sea posible incluir las diversas miradas y diseñar políticas que favorezcan a cada sector.

Para lograrlo, es ineludible una transformación institucional mediante la profesionalización de la administración pública, el robustecimiento de la transparencia y el fortalecimiento del vínculo con la ciudadanía.

También significa que son claves Estados fuertes que cuenten con la colaboración del sector privado y tengan en cuenta a la comunidad, de tal manera que las personas vulnerables estén en el centro de las decisiones.

Igualmente, no es posible avanzar sin recuperar la legitimidad de las instituciones democráticas, transformar las capacidades estatales, renovar los contratos sociales y pactos fiscales, y garantizar seguridad ciudadana y convivencia pacífica.

Democracia efectiva

Durante los diálogos se pusieron en evidencia mediciones que dan cuenta de la magnitud del problema: el porcentaje de la sociedad que considera que la democracia es el mejor sistema de gobierno disminuyó del 68%, en 2012, al 59%, en 2023. Entre tanto, el 72,5% de los latinoamericanos consideró que su país “está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”.

Para los expertos, es un hecho que “una baja legitimidad democrática tiene profundas repercusiones, que van desde el deterioro de la cultura cívica hasta la posibilidad de apoyar respuestas que debiliten el Estado de derecho y hasta la democracia, e incluso puede facilitar –aunque no determinar– un eventual quiebre democrático”.

“En el actual contexto de aumento de las desigualdades y mayores tensiones sociopolíticas, la gobernanza efectiva de la democracia se vuelve crítica para guiar la construcción de una nueva normalidad mejorada, es decir, que sea más inclusiva y atenta a las demandas ciudadanas de justicia distributiva, de cohesión social y de expansión de oportunidades, tal como demanda el ODS 16 (alianzas para los objetivos)”, advirtieron PNUD y CAF.

Es decir, para cumplir el ODS 1 de poner fin a la pobreza, es indispensable garantizar el ODS 16 con el cual se busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

También es clave impulsar iniciativas de seguridad ciudadana y transformación digital en las sociedades y en las instituciones públicas, promover una fiscalidad justa, un gasto público efectivo y una gobernanza colaborativa, así como el fortalecimiento de la democracia digital y el multilateralismo regional, todo con enfoque de derechos.

“Es muy importante seguir respaldando las transferencias públicas y programas de protección social, pero es fundamental crear condiciones para que los mercados laborales funcionen mejor, para que haya menos personas en el trabajo informal y más empleos de calidad”, afirmó Luis Felipe López Calva.

Para Jeffrey Sachs, el reputado economista de la Universidad de Columbia, se requiere una población bien equipada para adaptarse a las tecnologías cambiantes, satisfacer las necesidades locales y ser parte de las cadenas de suministros. Para ello es necesaria una educación de calidad. “No vamos a tener mejores empleos, no vamos a tener un mayor salario, a menos que la educación esté presente, sea de calidad y que los niños, realmente, aprendan al nivel que debieran”.

Entonces, no se trata solo del ODS 1 o del ODS 16, sino de todos los objetivos que se impactan uno a otro.

La idea es que haya menores niveles de amenazas externas, conflictos internos y homicidios y unos Estados con mayores capacidades para dar respuestas más efectivas a las emergencias sanitarias, las catástrofes naturales y la crisis climática. Y, sobre todo, enfrentar la incapacidad de garantizar la aplicación de la ley en todo el territorio debido a la influencia de poderes de facto y la debilidad de los poderes judiciales.

Sin duda alguna, un desafío común de los países de la región es superar la corrupción y los liderazgos cortoplacistas que impiden la construcción de acuerdos sociales de largo plazo y afectan la calidad de las instituciones necesarias para impulsar políticas que reduzcan las desigualdades sociales y económicas.