Maternidad temprana, el alto costo de perder oportunidades y sueños

Karen Dayana* era una de las mejores alumnas de su clase en el colegio de Buenaventura –en el Pacífico colombiano– donde estudiaba. Esperaba terminar su bachillerato a los 17 años e inmediatamente ingresar a la universidad a estudiar Psicología, de donde calculaba graduarse a los 23 años.

Sin embargo, quedó embarazada y dio a luz a su primera hija a los 15 años. El duro acontecimiento le impidió cumplir su plan, que se retrasó por casi tres años, tiempo durante el cual tuvo que dedicarse al cuidado de su bebé, por fortuna, contando con el apoyo de sus padres y de algunas fundaciones.

Este hecho, que en principio podría parecer meramente anecdótico, sumado a los 1,6 millones de embarazos que se registran en América Latina y el Caribe (ALC) en mujeres con edades entre los 10 y 19 años cada año, produce un altísimo impacto negativo en el desarrollo económico y social de los países de la región.

Y aunque la cifra de alumbramientos en ese rango de edad se ha reducido sustancialmente en la última década, ALC continúa ocupando el segundo lugar a nivel mundial en embarazos adolescentes, después del África subsahariana.

Dichas cifras no representarían más que un ‘problema de juventud’, de no ser porque cada año los casos de este tipo se han traducido en un alarmante costo de oportunidad de 15.300 millones de dólares para la región, entre 2010 y 2024.

Esto no solo pesa en el desarrollo económico y social de los países, sino que también retrasa el alcance de la igualdad y la equidad, dos de las variables esenciales para el crecimiento adecuado como sociedad.

De hecho, la cifra representa, en promedio, el 1% del total del PIB de cada país, aunque en territorios como Panamá y Surinam asciende al 3%.

Estas cifras hacen parte del estudio El precio de la desigualdad: consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe, 2025, desarrollado por el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), con base en información actualizada de 15 países de la región.

Crisis silenciosa

El prólogo del estudio, divulgado recientemente, lanza una advertencia urgente: es necesario tomar medidas inmediatas para revertir la tendencia. “Este documento no es solo un informe; es un llamado a la acción y es un grito de alarma sobre una crisis silenciosa que socava el futuro de América Latina y el Caribe: el embarazo en adolescentes. (…) Este es tanto una causa como una consecuencia de la desigualdad, perpetúa el ciclo de pobreza y limita las oportunidades socioeconómicas para las jóvenes y sus familias”, indica el informe, al compararlas con las mujeres que fueron madres en edad adulta.

Pero, ¿qué es el costo de oportunidad y por qué su medición resulta tan significativa para el desarrollo de los países? Se trata del valor de la mejor alternativa a la que se renuncia al tomar una decisión. En términos simples, representa lo que perdió Karen Dayana al postergar su proyecto de vida por al menos tres años, considerando lo que habría ganado si no hubiera quedado embarazada. Esa “mejor opción” no elegida tiene consecuencias tanto individuales como sociales.

Aunque el estudio aclara que el 67% de los embarazos adolescentes no fueron intencionales, la decisión de continuar con ellos y criar hijos durante la adolescencia tiene un fuerte impacto en el desarrollo de las comunidades. Esto se debe a que la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) está asociada con la persistencia de la pobreza y con la perpetuación del subdesarrollo en gran parte de la población.

Según UNFPA, el costo de oportunidad para los Estados asciende a 1.800 millones de dólares, lo que equivale al 0,13% del PIB combinado de los 15 países analizados. De esa cifra, cerca de 1.000 millones de dólares corresponden a una renuncia fiscal por parte de los Estados como consecuencia directa de la maternidad temprana.

El estudio también destaca que el 88,2% del costo total estimado recae sobre las mujeres y su entorno, ya que muchas de ellas logran menores niveles educativos y se insertan en el mercado laboral con menos oportunidades de acceder a empleos de calidad. Esta situación contribuye a la reproducción del ciclo de pobreza y representa una clara expresión de desigualdad y de brechas de género.

Por otro lado, la mortalidad materna vinculada a los mayores riesgos de la gestación y el parto en la adolescencia cobra 28.607 años de vida potencial cada año. Si se trata de la relación directa entre la Tefa y el índice de desarrollo humano (IDH), al interior de los países, se evidenció que las regiones con IDH más bajo presentan una Tefa dos veces más alta que las regiones con IDH más alto.

Por su parte, las adolescentes afrodescendientes tienen un 50% más de probabilidades de ser madres que sus pares no afrodescendientes. Los datos presentados señalan la necesidad urgente de priorizar la reducción del embarazo en adolescentes con enfoque en las poblaciones de mayor vulnerabilidad.

Los números reflejan una difícil realidad para las jóvenes. Una madre adolescente tiene menos oportunidades de desarrollo y de ofrecer mejores oportunidades a sus hijos y, peor aún, suele frustrar sus sueños de vida.

Sí se han reducido, pero falta más

No obstante, el macroestudio destaca el descenso significativo de los embarazos adolescentes en el continente en los últimos años. Según estimaciones de las Naciones Unidas, entre 2010 y 2024 ha habido una notable disminución de la Tefa, tanto en el rango de edad de los 15 a los 19 años, como en el de 10 a 14 años: este pasó de 73,1 a 50,6 y de 3,6 a 2,3, respectivamente, durante dicho periodo.

“Entre 2020 y 2024 se constató una desaceleración en la reducción de la Tefa (alrededor del 8% para ambos grupos de edad), respecto al quinquenio previo (alrededor de un 18%), entre otras razones debido al impacto de la pandemia. Dicha reducción ocurrió de manera desigual, en los países. Al 2024, 13 países de la región tenían una Tefa superior al promedio regional (50,6) y 20 al mundial (41)”, específica el estudio en su informe oficial.

Prevenir significa avanzar

Los datos entregados en el informe muestran que la prevención del embarazo en adolescentes permitirá potenciar el bono demográfico y el bono de género, tan necesarios para el crecimiento económico de los países.

Y aunque hay numerosos ejemplos de programas exitosos de prevención y educación a nivel regional, el estudio concluye que se hace urgente intensificar estas iniciativas para alcanzar una meta ambiciosa de reducción de embarazos adolescentes o tempranos y destaca la necesidad de que estas sean lideradas en conjunto por gobiernos, ONG especializadas y la sociedad civil, empezando por los jóvenes.

Así mismo, dichas estrategias, como dice el informe, deben priorizar el abordaje en salud pública, tanto ginecológica como mental, y en educación. “Invertir en la prevención del embarazo en adolescentes es una buena política económica, ya que se estima que se pueden obtener entre 15 y 40 dólares en beneficios por cada dólar invertido, dependiendo del país. Estas ventajas no solo se traducen en ahorros económicos, sino también en una mejora en la calidad de vida y las oportunidades para las adolescentes y sus hijos.

Existen ya experiencias exitosas en la región, sobre todo en zonas vulnerables de los países, que han resultado en disminuciones de hasta 50% de la Tefa en un periodo relativamente corto de tiempo, según lo consignado por Naciones Unidas. Este organismo calcula que la inversión de unos 1.800 millones de dólares en ALC lograría revertir esta problemática.

Medidas que han demostrado efectividad

▸ Diseñar estrategias nacionales y locales de reducción del embarazo en adolescentes con participación de todos los sectores y niveles del Estado y la sociedad civil.

▸ Garantizar el acceso informado a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad a toda la población, incluyendo métodos anticonceptivos modernos, especialmente de larga duración.

▸ Crear leyes que prohíban el matrimonio infantil y las uniones tempranas, como ha sucedido recientemente en Colombia con la Ley 2344 de 2025, y en Perú con la Ley 31945 de 2023.

▸ Promover la participación y el empoderamiento de las adolescentes.

▸ Asegurar el acceso a educación integral sobre sexualidad. Al implementar estas medidas y trabajar en conjunto, se puede lograr un futuro donde cada adolescente tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y construir un proyecto de vida próspero.