Timbiquí, origen del plan de escuelas modulares para las zonas rurales

Cuenta el presidente de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, Sergio Díaz Granados, que, siguiendo las necesidades del Gobierno de Colombia, empezó a trabajar con su equipo en hacer realidad el objetivo de llevar educación de calidad a las zonas más remotas del país, que a principios de 2024 tuvo su primer parte de éxito con la entrega a la comunidad de la vereda Isla Los Brazos, en el municipio de Timbiquí (Cauca), de las nuevas instalaciones de la Institución Etnoeducativa Puerto Saija.

Esta población de la zona costera suroccidental del Pacífico colombiano, cuyas vías de transporte y abastecimiento son el mar y tres ríos, fue afectada en muchos momentos de su historia reciente por el conflicto interno colombiano. Ahora, fue la beneficiada con el proyecto piloto de escuelas modulares, orientado a crear una sociedad resiliente y a cerrar brechas sociales.

En esa zona de Colombia, de difícil acceso, muchas instituciones educativas no cuentan con la suficiente infraestructura para garantizar educación básica de calidad, alimentación escolar óptima y vías de acceso adecuadas. Según datos oficiales, en Timbiquí se necesitaban más de 300 aulas para corregir un déficit de 50% de oferta educativa que existe.

La escuela rural de Los Brazos fue dotada con tres aulas modulares –estructuras de alta durabilidad y fácil ensamblaje, con provisión de agua potable, saneamiento y energía–, un comedor, sala de profesores, una batería de baños y una cocina. Además, se mejoraron siete aulas existentes, una cancha múltiple y los caminos palafíticos del embarcadero que permite el acceso a la escuela. En total, fueron 440 m² de infraestructura nueva y más de 400 m² de infraestructura existente mejorada.

Así se aseguró para 132 niñas, niños y jóvenes un espacio educativo con condiciones más agradables para su desarrollo académico. La inversión fue de 3.600 millones de pesos colombianos (COP), alrededor de 900.000 dólares estadounidenses de hoy, y se estructuró a partir de un diálogo permanente con docentes y directivos del establecimiento, líderes de la comunidad y las familias de los estudiantes.

El sistema de escuela modular permite construir sedes educativas de primer nivel, con altos estándares de calidad a nivel de infraestructura, y contribuye a la meta de ampliación de cobertura del sistema educativo en todos los territorios.

Díaz Granados calificó el proyecto educativo como “una gran noticia para Colombia y América Latina y el Caribe, ya que soluciona uno de los principales problemas para llevar la educación de calidad a las zonas de más difícil acceso”.

“Teniendo en cuenta que el 46,8% de los predios del país están a más de diez horas de la ciudad más cercana y el 65,4% a más de dos horas de las vías principales, este proyecto marca un avance significativo en el acceso equitativo a la educación”, destacó Rodrigo Peñailillo, representante de CAF en Colombia.

Este será el primero de una serie de colegios modulares en Colombia, diseñados específicamente para superar las barreras de conectividad en áreas rurales. Tras esta prueba piloto, CAF y el Ministerio de Educación lanzaron el “Programa de transformación de ambientes y espacios educativos”, que contempla la intervención en aproximadamente 126.746 m² de infraestructura educativa rural, dividida en la construcción de dos nuevas sedes de educación superior (técnica, pregrado, posgrado) y el mejoramiento de 790 sedes educativas de preescolar, básica y media.

La iniciativa está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida”, que persigue incrementar la cobertura en educación superior del 54% al 62% y aumentar del 23% al 26% la tasa de tránsito a educación superior en zonas rurales.

Otro de los beneficios del programa es su enfoque de género, inclusión, sustentabilidad ambiental, incorporado en los proyectos por implementar.

Para Peñailillo, la participación conjunta del Ministerio de Educación, CAF y las comunidades locales evidencia la importancia de las alianzas interinstitucionales para combatir las desigualdades. “Este esfuerzo no solo se enfoca en mejorar la infraestructura educativa, sino que también contribuye al cierre de brechas socioeconómicas, asegurando que el acceso a la educación sea un derecho universal, más allá de la ubicación geográfica o el nivel socioeconómico”.