Federico Vignati
Ejecutivo Principal de la Vicepresidencia del Sector Privado en CAF
La Conferencia de las Partes, conocida globalmente como la COP, reúne a gobiernos, organizaciones internacionales y actores no estatales para evaluar el progreso y negociar medidas colectivas, entre ellas las derivadas del Acuerdo Climático de París.
Diez años después de la firma de este acuerdo, la experiencia demuestra que la transición hacia una economía de bajas emisiones ya no es una utopía, sino una prioridad estratégica que impulsa una competencia global por la innovación y la productividad.
Sin embargo, esta carrera avanza de forma inconstante, resultado en gran medida de los intereses típicos de cualquier (r)evolución industrial: la batalla entre quienes aspiran a un futuro impulsado por nuevas oportunidades y tecnologías y quienes buscan mantener el statu quo, retrasando el cambio tecnológico y sociocultural todo lo posible para evitar la transformación.
Más allá de las razones o de los intereses —estratégicos o no estratégicos—, las metas y compromisos asumidos por diferentes sectores de la sociedad no alcanzan el grado de avance necesario, y los resultados están lejos de ser los comprometidos.
De acuerdo con el IPCC, el planeta ya registra un aumento aproximado de 1,1 °C respecto a los niveles preindustriales, y las proyecciones actuales indican que será difícil mantener el calentamiento por debajo del límite de 1,5 °C fijado en el Acuerdo Climático de París antes de mediados de siglo.
Estos datos confirman que el marco actual de compromisos regulatorios y voluntarios, además de los sistemas de control de desempeño, son insuficientes frente a la velocidad y magnitud del desafío climático. La brecha entre las promesas y la implementación real - greenwashing - se ha convertido en muchos casos, el principal obstáculo para alcanzar una transición efectiva.
En este contexto, la COP30, que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025, asume un papel determinante al impulsar un cambio de enfoque: Complementar las declaraciones y ambiciones, que siguen siendo relevantes, con la acción concreta y pragmática, que es urgente.
En un escenario positivo, la COP30 deberá ayudar a consolidar procesos más exigentes: las empresas deberán traducir sus compromisos en acciones medibles, respaldadas por planes de transición creíbles, informes verificados y cadenas de suministro trazables. Se espera que la conferencia fortalezca los estándares de divulgación y desempeño climático, conectándolos de forma más explícita con los marcos regulatorios nacionales, especialmente en los mercados emergentes.
La expansión del financiamiento climático, especialmente mediante mecanismos combinados y vehículos de inversión público-privados, será determinante para movilizar capital hacia sectores industriales clave de la descarbonización. A la vez, los debates sobre transición energética cobrarán fuerza, con los biocombustibles, las energías renovables y la modernización de la infraestructura como protagonistas. El principio de “transición justa” ganará centralidad, incorporando equidad social, reconversión laboral y compromiso comunitario como pilares de la credibilidad climática corporativa.
Para el sector privado, que comprende que la agenda climática va más allá de una ideología, la COP30 debería reforzar la lógica de la competitividad y los beneficios de los early movers —aquellos que se proyectan hacia un futuro inminente, anticipando nuevas demandas del mercado y posicionando sus organizaciones como actores esenciales de la transformación global.
En última instancia, la COP30 debería marcar este cambio de sentido, que es tan evidente, la necesidad de transitar de las ideas y promesas a la práctica. A través del Observatorio ILACC de Clima y Competitividad de la VSP, informamos al sector privado sobre regulaciones y oportunidades asociadas a estos cambios que afectan el crecimiento sostenible del sector privado.
