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Medidas para proteger las fuentes de agua de América Latina29 de enero de 2018 por: Sintia Yañez
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América Latina y el Caribe cuenta con aproximadamente 1/3 de los recursos hídricos del planeta, aunque la distribución de las precipitaciones es desigual en toda la región, lo que crea algunas zonas muy áridas y otras con abundantes recursos.

Adicionalmente, el 80% de la población de la región vive en zonas urbanas, y el proceso de urbanización continúa, con lo que se espera que la proporción de población urbana supere el 86% en 2050. Los gobiernos de los países de la región han reconocido, desde hace tiempo, la importancia de los servicios de agua potable y saneamiento como un factor vital para la preservación y mejoramiento de la calidad de vida. Si bien desde los años sesenta la región ha avanzado en la expansión del acceso a estos servicios, aún queda mucho por hacer por la sustentabilidad de los sistemas desarrollados.

En la región las fuentes de agua que abastecen a las ciudades más grandes están cubiertas en el 40% de los casos por bosques, 30% por tierras de cultivo, 20% por pastizales y pastizales y 10% por otros usos de la tierra (LACC y TNC, 2015).  En gran parte, la cuenca alta colectora de las aguas utilizadas en las ciudades aún de carácter rural, particularmente las ubicadas en los Andes, que cada vez sufren de mayores presiones antrópicas. La presión proviene del cambio del uso del suelo, que frecuentemente pasa de bosques primarios a agricultura, la producción forestal y otras actividades económicas, como es el caso en la región andina de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela y casi toda Centroamérica y México. A esta creciente intervención por parte de los seres humanos, se agregan los efectos de la variabilidad y el cambio climático, que se traducen en eventos extremos de mayor severidad y más frecuentes.

La degradación de las fuentes de agua afecta negativamente el abastecimiento de recurso hídrico, particularmente para la población urbana, reduce la disponibilidad de agua por lo menos en ciertas temporadas, agrava las inundaciones urbanas en otros lugares, deteriora la calidad del agua y por lo tanto aumenta los costos de suministro y tratamiento de agua. Esta situación explica el creciente interés de las autoridades del sector de abastecimiento de agua y saneamiento, los gobiernos locales y las empresas de agua en la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, conocidas en algunos países como infraestructura verde. Estas acciones están enfocadas en la gestión climática de cuencas hidrográficas, la protección de fuentes de abastecimiento de aguas urbanas, reducción de fuentes de contaminación -como son el uso de  herbicidas e insecticidas- de la agricultura intensiva, bacterias y nutrientes de la producción ganadera y sedimentos, efecto de la deforestación.

Los fondos de agua pueden definirse como un mecanismo financiero estable, transparente y a largo plazo que permite que distintos actores aúnen esfuerzos para solucionar una problemática común en torno a la gestión integrada del agua (Coronel & Zavala, 2014). Este mecanismo surgió de la necesidad crear un mecanismo financiero de largo aliento que permita asegurar recursos económicos, al igual que generar fondos para invertir en acciones que promuevan la conservación y garanticen la disponibilidad de agua. En la práctica, constituye una alternativa financiera para gestionar actividades de cuidado y regeneración de fuentes de agua, capacitación y sensibilización, y en algunos casos puede inclusive servir como instrumento de financiamiento para la implementación de planes de gestión integrada de recursos hídricos, entre otros.

La creación de un fondo de agua es un proceso complejo y multidimensional.  En el proceso, el intercambio de información y la comunicación clara y transparente entre todos los actores de la cuenca, tanto públicos como los no públicos y comunitarios, son claves para generar la participación conjunta y la creación de una visión y unos objetivos para el fondo del agua. La visión reúne las aspiraciones de los diferentes grupos de actores para la cuenca en cuestión. Es imprescindible sustentar este proceso con datos científicos e información clara sobre la cuenca, las funciones ambientales relevantes, los costos de gestión y sus beneficios sociales y económicos derivados. Finalmente, para contar con un fondo de agua funcional, los actores deben establecer modelos financieros y de cooperación específicos, de gobernanza multinivel con estructuras legales e institucionales propias de cada país, así como una estructura operacional y de comunicación continua.

Un ejemplo particularmente interesante es el Fondo para la Protección del Agua (FONAG) en Ecuador, primero en su clase y tal vez uno de los fondos de agua más exitosos de la región. Su accionar se desarrolla en las cuencas hidrográficas que abastecen de agua a la ciudad de Quito, que se han visto amenazadas por prácticas agrícolas, ganaderas y forestales inadecuadas. En respuesta a esta situación, la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, a través de su empresa pública de servicios de agua (EPMAPS) y con la colaboración de la entidad sin fines de lucro The Nature Conservancy (TNC), creó en enero del 2000 el Fondo para la Protección del Agua (FONAG).  FONAG es un fondo fiduciario, que trabaja con la participación activa de diferentes actores comunitarios, autoridades locales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, e instituciones educativas. (P. Lloret, 2011), diseñado para operar por un período de 80 años, financiado con las contribuciones de sus miembros que incluyen a la mayoría de los grandes usuarios de agua de la zona (agua y electricidad, cervecería, agua embotellada, entre otros). Los objetivos de FONAG son apoyar la conservación, restauración y preservación de las cuencas hidrográficas que proporcionan agua a Quito y sus alrededores (FONAG, 2017) con programas a largo plazo (comunicación, restauración de la cubierta vegetal, gestión del agua, educación ambiental y vigilancia de las áreas prioritarias –fuentes de agua-) y proyectos a corto plazo, que van desde el apoyo a actividades de producción con enfoque ambiental hasta investigación aplicada.

 

 

Sintia Yañez Ejecutiva de la Dirección de Ambiente y Cambio Climático de CAF