Agua para liberar a las mujeres latinoamericanas
Las mujeres son el grupo más afectado por la gestión insuficiente de los servicios hídricos en la región, algo que acentúa las desigualdades de género
Este blog está escrito por Víctor Arroyo y Violeta Domínguez
Imaginen este escenario: Elisa vive en una pequeña ciudad, y desde chiquita tuvo que dedicar buena parte de su tiempo a ayudar a su madre con los quehaceres domésticos, la mayoría relacionados con el uso del agua -preparar comida, lavar ropa, huertos caseros y, en algunas ocasiones, provisión de agua potable.
Este tiempo consagrado al hogar impidió que pudiera dedicarse a otras tareas -como por ejemplo capacitarse o generar sus propios ingresos- y consecuentemente redujo sus oportunidades de empleo, e indirectamente contribuyó a perpetuar las desigualdades de género que todavía persisten en su sociedad.
La realidad de Elisa es equiparable a la de millones de mujeres en América Latina, especialmente las que se encuentran en zonas rurales, que son las más afectadas por la inestabilidad -y la escasez- de los servicios de agua potable. En otras palabras, las mujeres son quienes pierden más tiempo a causa de la poca eficiencia de los servicios de agua, y eso impide que avancen hacia una equidad real.
De la historia de Elisa se desprende la siguiente conclusión: una gestión más eficiente de los recursos hídricos no solo mejoraría las condiciones de vida de todos los habitantes de la región, sino que también daría más oportunidades a las mujeres. En líneas generales, hombres y mujeres muestran diferentes prioridades en relación al uso de servicios de agua y saneamiento. En el hogar, por ejemplo, poseen distintas responsabilidades y necesidades en cuanto a la higiene personal y a las labores de la casa que requieren del acceso al agua.
Por esta razón, dar un papel más prominente a las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua es vital para lograr la igualdad de género y para que se garantice la protección de sus derechos particulares. Adicionalmente, se ha convertido en algo esencial para el abastecimiento, gestión y conservación del agua en la región.
Una región de desigualdades
América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, también en lo que al género se refiere. La inequidad entre hombres y mujeres se aprecia en prácticamente todas las esferas de la sociedad: poca representación en instituciones públicas y en puestos gerenciales de empresas privadas; empleos en trabajos menos cualificados; o menores niveles de educación financiera.
En cuanto al acceso a agua potable, América Latina también presenta marcadas desigualdades. Un ejemplo lo encontramos en que 2 de cada 5 latinoamericanos que viven en zonas rurales no tienen acceso a servicios de agua potable o saneamiento.
Para revertir esta situación, desde CAF -banco de desarrollo de América Latina- venimos trabajando desde hace años en programas de riego (como los impulsados en el programa Miriego en Bolivia) que favorecen la participación de la mujer en el sector agrícola, y con ello se satisfacen las necesidades familiares, y se generan ingresos en las familias a la vez que se empodera a las mujeres.
Teniendo en cuenta que las mujeres tienen un potencial inmenso para dinamizar la economía de los países, es necesario apostar por su empoderamiento económico, tanto en el ámbito de la gestión del agua como en muchos otros sectores. En este sentido, las líneas de acción se enfocan -y deberán hacerlo cada vez más- en la promoción y creación de más productos para aumentar la alfabetización financiera entre las mujeres, y en la creación de programas de emprendimiento para fomentar que tengan ingresos propios.
Se calcula que si entre 2010 y 2030 la región invierte el 0,3% del PIB, se podría cerrar la brecha de los servicios de agua y saneamiento en el medio urbano, rehabilitar las infraestructuras descuidadas por la falta de mantenimiento, ampliar la infraestructura de drenaje urbano a un 80% de las manchas urbanas, expandir las fuentes de abastecimiento para 100 millones de habitantes y formalizar las conexiones domiciliares para 10 millones de hogares -lo que equivale a cincuenta millones de habitantes.
Este 0,3% parece una cifra asequible, y más si tenemos en cuenta los beneficios sociales que se desprenderían de las inversiones, siempre que se gestionen de manera eficiente y que tengan en cuenta a las mujeres.
