Gobierno abierto: ¿dónde estamos?

El Gobierno Abierto se ha convertido en los últimos años en un tema de creciente interés por diversos organismos, disciplinas y campos de estudio. 

Indudablemente, podemos hablar de este fenómeno gracias a la extraordinaria evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también gracias al abandono de dos supuestos centrales sobre los que se construyó la organización estatal tradicional: la debilidad de la sociedad civil y el sector privado, por un lado, y la asimilación de lo público con lo estatal, por otro. 

Pero ¿qué es exactamente el gobierno abierto? De acuerdo a la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, recientemente publicada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), se trata del "conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo". 

En otras palabras, es un nuevo paradigma donde los asuntos públicos tienden a ser manejados con mayores niveles de transparencia, participación y colaboración entre el sector público, el mercado y la sociedad civil. 

Poco a poco, América Latina está asimilando estos procesos y los está poniendo en sus agendas de reforma del Estado y la Administración Pública, con un fuerte respaldo de las organizaciones de la sociedad civil. 

Podemos identificar el primer hito en esta tendencia en el 2009 en los Estados Unidos, cuando el Presidente Obama publicó el Memorandum on Transparency and Open Government, donde estableció ciertos lineamientos aplicables a todas las agencias y dependencias públicas nacionales con el objetivo de fortalecer el sistema democrático y la efectividad del gobierno. 

El otro hito importante a nivel internacional fue la creación de la Open Government Partnership (OGP), una iniciativa multilateral constituida en 2011 por 8 países (Estados Unidos, Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica y Reino Unido) con el objetivo de promover la implementación de compromisos contraídos por los países miembros en materia de transparencia, participación ciudadana, lucha contra la corrupción y uso de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de la gobernabilidad. Actualmente, OGP cuenta con 69 países que han asumido 2.250 compromisos para hacer sus gobiernos más abiertos y responsables frente a los ciudadanos. 

En América Latina se han logrado avances alentadores: 16 países de la región han suscrito los principios del OGP; México (16°), Brasil (17°) y Uruguay (19°) se encuentran entre los primeros 25 puestos en el Open Data Barometer 2015, y le siguen de cerca Colombia (28°) y Chile (30°); y casos como el de presupuestos abiertos de Porto Alegre en Brasil han sido usados de modelo a nivel mundial. A pesar de esto, aún existe un campo muy grande por explorar a nivel nacional y, sobretodo, subnacional. 

El desarrollo de datos abiertos es quizás una de las iniciativas favoritas en los planes de acción presentados por los gobiernos. El desafío reside, por tanto, en un doble tránsito: pasar del dato a la información -para aumentar el control social sobre los actos de gobierno-, y de la información al conocimiento, -para mejorar la efectividad de las políticas públicas-. 

Esto no se trata únicamente de dotar de mayor tecnología informática a los gobiernos para tener una gestión abierta, porque probablemente terminemos replicando el mismo error de las administraciones tradicionales pero más rápido. Exige planificación estratégica, fijación de prioridades y metas, coordinación de esfuerzos y, más genéricamente, acciones de fortalecimiento institucional, de involucramiento del sector privado y de empoderamiento de la sociedad civil. 

En sus preceptos, esta tendencia viene no sólo a reconfigurar los parámetros tradicionales de la gestión pública, sino también, a reconfigurar los parámetros de distribución del poder en la sociedad en su conjunto. 

Sin embargo, hoy el Gobierno Abierto en nuestra región es más un conjunto de buenas intenciones sistematizadas que realidades concretadas. A pesar de esto, es un proceso en marcha irreversible, que entraña un cambio cultural fenomenal y que merece la pena que asumamos el compromiso para promoverlo desde todos los sectores para hacer un Estado cada vez más transparente, participativo y colaborativo.