Cómo mejorar los servicios de agua y saneamiento rural de América Latina

En los últimos años, América Latina ha reducido la pobreza significativamente, que ha pasado del 45% en 2002 hasta 28% en la actualidad. Hay varios factores que explican esta mejora, pero hay uno que tiene especial relevancia: el aumento en la cobertura de servicios de agua y saneamiento, que se traduce en mejoras en la salud, en la alimentación y en las condiciones de vivienda digna, así como en externalidades positivas en el acceso a la educación y el empleo, en una mayor equidad de género y reducción de la discriminación.

Pero a pesar de los avances, América Latina sigue siendo una de las regiones más inequitativas del mundo, y esa desigualdad se ve reflejada en las brechas existentes entre zonas urbanas y rurales en el acceso al agua y saneamiento. En las zonas rurales más del 14% de los habitantes no cuenta con acceso adecuado a servicios de agua potable, y en el caso del saneamiento la proporción alcanza al 31%. Paralelamente, en las ciudades un 98% de la población tiene acceso a servicios de agua, y 90% cuenta con saneamiento básico.

Para revertir esta situación y reducir las desigualdades, el mayor reto es garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, para lo cual es necesario incidir en el ciclo de formulación e implementación del proyecto. Una declaración directa sobre la búsqueda de la sostenibilidad de los proyectos, o incluso su reconocimiento y traducción en una política pública determinada, que es lo que se observa en la mayoría de los países, no son suficientes.

Para alcanzar la sostenibilidad se requieren un conjunto de factores complementarios de carácter institucional, presupuestal, técnico, y del compromiso de cada uno de los actores involucrados. Desde los gobiernos nacionales y locales, hasta el compromiso de las comunidades que reciben el proyecto. La falta de estos factores en su conjunto deriva en inversiones abandonadas, sistemas en mal funcionamiento y precaria prestación de los servicios.

Además, para que un proyecto sea sostenible, uno de los requisitos esenciales que no se está cumpliendo en muchos países, es el involucramiento efectivo y permanente de las comunidades rurales, que es fundamentalmente responsabilidad del Estado, representado en la instancia que está financiando el proyecto. El acompañamiento y asistencia técnica a las comunidades rurales y operadores del servicio debe ser continuo. Con mayor intensidad durante la formulación del proyecto y la ejecución de las obras, y de manera más espaciada pero constante en el tiempo por todo el ciclo de utilidad de la infraestructura.

La participación de la comunidad debe darse en distintos procesos, como la elección de la opción técnica, el nivel de servicio, los arreglos institucionales y la gobernanza local, al igual que en el pago de los costos de operación, mantenimiento. Adicionalmente, se deben reforzar los conocimientos de las comunidades en cuanto a la higiene, el cuidado de los sistemas, el uso eficiente del agua, entre otros. La experiencia nos indica que, cuando no existe un acompañamiento adecuado por parte de los municipios u organismos de apoyo, luego de entregada la obra o el sistema de agua, en poco tiempo el servicio colapsa y la infraestructura se pierde.

Estos y otros asuntos relacionados con la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural en América Latina, serán abordados en el curso virtual gratuito que CAF está ofreciendo a profesionales, técnicos, autoridades y tomadores de decisiones, así como miembros de instituciones sectoriales o académicas.

El objetivo de esta iniciativa es promover en la región latinoamericana el reconocimiento de la importancia de la sostenibilidad y los alcances de su implementación. Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de manejar herramientas para promover la participación social en los programas o proyectos, y de esta forma contribuir a mejorar la gestión y sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural. Buscar la universalidad en el acceso a los servicios de agua y saneamiento significa, en definitiva, trabajar en la agenda social de los países, base fundamental para el desarrollo humano, con inclusión y equidad.