La brecha urbano-rural, una tarea pendiente en América Latina

Para nadie es un secreto lo importante que resulta, en especial para una región como América Latina, prestar servicios básicos de agua y saneamiento de forma sostenible a sus habitantes urbanos. De hecho, en las ciudades latinoamericanas se genera más del 60% del PIB de la región, por lo que la disponibilidad del agua para el consumo humano y sus otros usos productivos es esencial para que las ciudades puedan seguir cumpliendo su rol como motores del crecimiento económico.

Sin embargo, los países latinoamericanos no pueden descuidar el desarrollo de infraestructura hídrica en las zonas rurales. Incluso es necesario redoblar los esfuerzos en este ámbito, considerando que todavía en las áreas rurales se concentra más del 60% de la población sin acceso al agua y más de la mitad sin saneamiento. En este último caso, uno de cada cuatro habitantes rurales (unas 34 millones de personas) no cuenta con baño digno. Esta situación es preocupante porque acentúa la exclusión social en una de las regiones más desiguales e inequitativas del planeta.

Si sumamos la falta de estos servicios a poblaciones rurales que ya carecen de vías de acceso adecuadas para llegar a sus viviendas y facilitar su desarrollo económico, tienen deficiente acceso a servicios esenciales como salud y educación, poseen escasos ingresos económicos y altos grados de dispersión, no cabe duda que estamos hablando de los sectores más vulnerables de la región. Es por esto que acortar las brechas de acceso al agua y saneamiento entre las zonas urbanas y rurales se ha convertido en una de las grandes tareas pendientes de la región, lo cual demanda, con sentido de urgencia, un mayor compromiso por parte de los gobiernos y organismos de cooperación para revertir esta situación de desigualdad.

Para aumentar las inversiones, y que éstas puedan ser más efectivas, los países deben adoptar una visión integral del desarrollo rural, con un marco de políticas públicas que considere las particularidades de las comunidades rurales, y con énfasis en la población más dispersa y vulnerable, como es el caso de los grupos indígenas.  Una reciente publicación de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- discute la necesidad redefinir lo rural para incorporar dimensiones socio-económicas, demográficas, de acceso a servicios y conectividad para mejorar la eficiencia de las políticas públicas que se implementan en las zonas rurales.  

Bajo este enfoque de la nueva ruralidad, se prioriza la sostenibilidad de los servicios. Es clave que en los proyectos de infraestructura hídrica se incorporen conceptos, tecnologías y modelos de gestión que aseguren la sostenibilidad de los servicios. Ya que, si el proyecto no es sostenible, en pocos años derivará en inversiones abandonadas, sistemas en mal funcionamiento y precaria prestación de los servicios. Para garantizar la sostenibilidad se requieren un conjunto de factores complementarios de carácter institucional, presupuestal y técnico, así como el compromiso de cada uno de los actores involucrados, desde los gobiernos nacionales y locales, hasta las comunidades que reciben el proyecto.

Un requisito fundamental es el involucramiento permanente de las comunidades rurales, considerando que es responsabilidad del Estado garantizar un acompañamiento y asistencia técnica a estas comunidades y operadores del servicio, de manera permanente. Corresponde a la instancia que está financiando el proyecto ofrecer este acompañamiento, con mayor intensidad en el proceso de formulación y ejecución de las obras, y de forma más extendida durante todo el ciclo de utilidad de la infraestructura.

Las comunidades deben ser involucradas desde la elección de la opción técnica, el nivel de servicio, los arreglos institucionales y la gobernanza local, hasta en el pago de los costos de operación y mantenimiento. Esto sin dejar a un lado la importancia de capacitar a las comunidades en cuanto a las mejores prácticas en higiene, el cuidado de los sistemas, el uso eficiente del agua, entre otros. Si no existe un acompañamiento adecuado por parte de los municipios u organismos de apoyo una vez que ha sido entregada la obra o el sistema de agua, el servicio podría colapsar en poco tiempo, según lo indican algunas experiencias en varios países latinoamericanos, como se reseña en el informe mencionado. 

En el diseño de los proyectos, buscando mejorar la eficiencia en el uso de los recursos fiscales invertidos, se sugiere considerar las economías de escala, respondiendo a las demandas y posibilidades reales de las familias rurales, y contando con la capacidad institucional suficiente para desarrollarlas dentro de una política de gestión integrada de los recursos hídricos.

Si bien se ha privilegiado la atención en ciudades, es imperante que se aumenten los esfuerzos por llevar agua y saneamiento a las zonas rurales desatendidas, contribuyendo a mejorar las condiciones estructurales de salud pública, y a disminuir las brechas de exclusión social que actualmente existen y que indudablemente inhiben el crecimiento económico de la región.