Cómo frenar las desigualdades sociales y de género frente al COVID-19

Este blog está escrito por Irene Arvay, Barbara Auricchio y Luciana Fainstain.

Los efectos de la COVID-19 resultan significativamente más excluyentes para algunos sectores sociales que para otros. Esta pandemia amenaza a los países de América Latina y el Caribe con agravar algunos patrones estructurales de desigualdad, tanto en materia de género como de exclusión de algunos grupos poblacionales.

Las acciones de política pública para abordar la pandemia deberán asegurar simultáneamente medidas de carácter universal pero también intervenciones focalizadas. Es necesario brindar prestaciones que beneficien a toda la ciudadanía con los mayores niveles posibles de cobertura bajo una lógica proactiva, pero también focalizar ciertas acciones de forma afirmativa. Esto significa restringir y dirigir ciertas políticas o programas a grupos que viven en situación de privación, exclusión o vulnerabilidad.

La COVID-19 implica un riesgo sanitario mayor para las personas con patologías preexistentes o comorbilidad, personas de la tercera edad, personal de la salud y mujeres embarazadas. A este grupo debe sumarse otros segmentos poblacionales que se ven sumamente afectados por las medidas de la pandemia:

• Niños y niñas de segmentos socio económicos bajos que suelen alimentarse en las escuelas y corren riesgos nutricionales cuando éstas cierran por las medidas de confinamiento.
• Mujeres que:
• Por sus roles de género (cuidados), tienen mayores niveles de exposición a personas portadoras de agente infeccioso.
• Debido a la situación de cuarentena, se enfrentan a una mayor tensión entre la vida laboral y familiar, lo cual se evidencia en una mayor carga del trabajo reproductivo y no remunerado.
• A raíz de la “convivencia forzada”, se ven más expuestas a situaciones de violencia de género e intrafamiliar.
• Trabajan en servicio doméstico y/o de cuidados, que frecuentemente están desprotegidas del seguro social por trabajar en la informalidad y subordinadas a las decisiones unilaterales de sus empleadores/as en cuanto a su movilidad y trabajo.
• Trabajadores/as del sector informal (entre los que hay una mayor proporción de mujeres) por la pérdida de ingresos, producto de las medidas de confinamiento social, así como por la falta de seguro de desempleo y cobertura de los sistemas de protección social.
• Población rural y pueblos indígenas que, debido a la baja cobertura de los servicios de salud, lejanía o falta de adaptación de los servicios a sus cosmovisiones, corren el riesgo de quedar excluidos de las respuestas inmediatas a la pandemia.
• Personas privadas de libertad por las bajas condiciones de salubridad, el hacinamiento y el menor acceso a servicios médicos.
• Personas migrantes irregulares que están excluidas de las redes de protección social. Dentro de este grupo, en tiempos de crisis, las mujeres corren mayores riesgos de situaciones de trata y de distintos tipos de violencia.
• Familias monoparentales de estratos socio económicos bajos que, ante una situación de cuarentena y cierre de escuelas, están expuestas a la pérdida de su única fuente de ingresos, así como de los servicios escolares de alimentación de niños y niñas. La pérdida de ingresos por un tiempo prolongado conlleva altos riesgos de incremento de desnutrición, pobreza o indigencia.

La inclusión social, la equidad de género y la atención a poblaciones vulnerables son por lo tanto factores claves y ejes transversales a las estrategias y políticas de atención de la pandemia. La consideración de dichos factores y ejes permitirían obtener mejores y más eficientes resultados frente a la COVID-19, así como también prevenir una profundización de la exclusión social.

Ante este escenario, es importante que las políticas públicas de respuesta a la pandemia adopten las siguientes medidas:

• Garantizar la seguridad sanitaria del personal de salud y la contratación del personal necesario para atender la creciente demanda de los servicios de salud.
• Desarrollar de campañas de comunicación apelando a la diversificación e innovación de medios y canales de manera que la información oficial llegue a los grupos poblacionales más aislados y que viven en condición de mayor vulnerabilidad.
• Involucrar en la toma de decisiones sobre las intervenciones a organizaciones de mujeres, sindicatos o entes representativos que estén siendo mayormente afectados por el impacto de la pandemia.
• Invertir en infraestructura de salud considerando servicios de atención sanitaria y social de proximidad.
• Implementar medidas de cuidado de dependientes para aliviar la carga de trabajo no remunerado y la exposición de las mujeres a agentes infecciosos.
• Asegurar la continuidad y reforzar las capacidades de los servicios esenciales de respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas.
• Adoptar medidas directas de compensación a trabajadoras/es informales, incluyendo trabajadoras domésticas, migrantes y de los sectores más afectados.
• Desarrollar medidas de recuperación económica de las mujeres y poblaciones de bajos ingresos.

Para que esto sea posible, debemos asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo, edad, etnia, área geográfica y otras variables sociodemográficas relevantes, para entender los efectos de la COVID-19; y garantizar un presupuesto para responder a las necesidades diferenciales de hombres, mujeres, niñas, niños y grupos que viven en condición de vulnerabilidad.

Varios países de la región están implementando medidas que buscan atenuar estos impactos sociales derivados de la pandemia. Para dar algunos ejemplos, Panamá implementa el “Plan Panamá Solidario” para subsidiar a trabajadores del sector informal. Argentina, profundiza las medidas protección de la población trabajadora y de atención a la violencia de género. Colombia, otorga un subsidio temporal a la población que no tiene un trabajo formal y que no forman parte de otros proyectos sociales. Chile cuenta con un Plan de Contingencia para asegurar la continuidad de la atención, protección y reparación de mujeres víctimas de violencia.

En los próximos meses los países de la región tienen el reto de avanzar y profundizar en la incorporación de la inclusión social y la equidad de género en sus actuaciones, para garantizar que no se profundicen las desigualdades sociales y de género a mediano y largo plazo.