Miguel Arango
Ejecutivo Seniorde CAF
Ni en los ejercicios de riesgo más extremos se había pensado en un escenario como el provocado por la pandemia del COVID-19. La oferta de bienes y servicios se ha afectado de manera importante, mientras la demanda se ha reducido en forma sustancial. Las autoridades en cada país se han empeñado en aplanar la curva de la pandemia y ahora deben tratar de suavizar el deterioro de la actividad económica.
Ante esta situación, es necesario tomar medidas dirigidas a enfrentar la reducción del ingreso de los hogares y a mitigar el deterioro del sistema productivo de cada país. Es importante lograr que los hogares se afecten lo menos posible, sobre todo los más vulnerables, por medio de políticas dirigidas a limitar el despido de empleados, la creación y/o fortalecimiento del seguro de paro o de desempleo o de salud, la suspensión transitoria del pago de servicios públicos, el diferimiento de obligaciones fiscales y/o la reducción de cargos a las empresas, entre otras.
Se deben tomar acciones para que los agentes económicos cuenten con suficiente liquidez, para que los deudores del sistema financiero continúen siendo sujetos de crédito, para asegurar que las instituciones financieras sigan prestando los servicios con la calidad debida y para asegurar la adecuada y continua prestación de los servicios financieros. De manera especial se deben considerar ajustes transitorios a la regulación que apoyen el desempeño de los deudores, sobre todo de las personas naturales o físicas y a las mipymes.
En primer lugar, hay que poner a disposición del sistema financiero suficiente liquidez para que responda a las exigencias de corto plazo derivadas de una posible reducción de sus flujos de ingresos o por posibles retiros, y flexibilizar los modelos de liquidez exigidos por los entes de control.
Además, los bancos centrales pueden reducir sus tasas de intervención, revisar la estructura de encajes sobre los depósitos cuando sea el caso, comprar papeles comerciales y ofrecer de manera proactiva líneas de liquidez.
En segundo lugar, para mantener continuidad en los flujos financieros a los hogares, hay que facilitar la situación de los deudores ante este evento de fuerza mayor, permitiendo la refinanciación de sus deudas, incluidos períodos de gracias, sin que se deteriore su calificación. Esto debe venir acompañado de la respectiva autorización a las entidades financieras a continuar con la causación de intereses durante un lapso determinado, que las centrales de riesgo o burós de crédito mantengan inalteradas las calificaciones de los deudores y que no se restrinja la disponibilidad de los cupos de crédito vigentes. De igual forma, se pueden suspender la constitución de provisiones contracíclicas y que pasen a la fase de desacumulación, a la vez que se autorice que las provisiones generales de cartera se utilicen para cubrir las provisiones individuales y/o se suspenda la constitución de provisiones generales.
De manera complementaria, para que las entidades financieras puedan gestionar adecuadamente el riesgo en su operación, se debe promover la creación de un comité de atención de emergencias y exigir la construcción de un plan de continuidad del negocio para mantener la atención al público, que establezcan planes de acción de corto plazo y mediano plazo previendo contingencias dependiendo del nivel de riesgo, que fortalezcan la infraestructura tecnológica, mejoren la ciberseguridad, incrementen la capacidad de monitoreo y aseguren el funcionamiento de los canales digitales de atención. También, se debe exigir a las entidades que adopten medidas para garantizar la disponibilidad de funcionarios, colaboradores o terceros que desempeñen funciones críticas en cada una, incluido el trabajo en casa o trabajo remoto y, de manera muy importante, informar a los consumidores sobre las medidas derivadas de los planes de acción.
Bajo la condición excepcional de la situación, es importante asegurar la fortaleza financiera del sistema reduciendo transitoriamente los requisitos de capital y la ponderación de cartera por nivel de riesgo, en particular la de las mipymes, limitando la repartición de utilidades y obligando a constituir reservas patrimoniales adicionales.
Finalmente, otra medida que un muchos casos puede resultar de gran utilidad es facilitar y fortalecer el apoyo de los fondos de garantías de depósitos de cada país, principalmente para las entidades medianas y pequeñas, tanto bancarias como del sector cooperativo y solidario, que puedan requerir ayudas para solventar problemas de solvencia y, excepcionalmente, estar dispuestos a capitalizar algunas empresas estratégicas del sector.
En conclusión, debemos incrementar la resiliencia del sector financiero frente al impacto económico derivado de la crisis sanitaria, por medio del ajuste de la regulación prudencial de los riesgos de liquidez, de crédito, operativo y de deterioro de su sostenibilidad.
