Carlos Santiso
Jefe de División de Gobierno Digital, Innovación Pública y Gobernanza Abierta - OCDE
Este artículo también se publicó en El País
Dentro de unos años, cuando volvamos la vista atrás para analizar todo lo que sucedió con la pandemia, es probable que saquemos una inesperada concusión de calado histórico: la covid-19 será el gran acelerador de la transformación digital, tanto de personas como de sociedades, economías y Administraciones públicas. La agenda de la digitalización, antes importante, es ahora imprescindible.
Este sentimiento de urgencia permea en la recientemente perfilada Agenda España Digital 2025, que después de años sin brújula que orientara la visión del futuro, pretende ahora situar al país en la vanguardia de digitalización global a través de una inversión de 70.000 millones de euros en los próximos cinco años. El punto a favor de esta iniciativa está en la convicción de que el primer pilar es la digitalización del Gobierno.
Hay que reconocer que España parte de una posición relativamente ventajosa. Según el índice de Naciones Unidas, ocupa la posición 17 en el mundo y 11 en Europa en cuanto a gobierno digital, gracias, en parte, al importante cuerpo profesional de ingenieros del Estado encargados de la infraestructura de conectividad y modernización digital de las Administraciones.
Lo que la crisis acelera por la fuerza es la adopción, por parte de ciudadanos y empresas, de los canales digitales para interactuar con las Administraciones. Esta tendencia genera mayores expectativas de agilidad en los servicios públicos, muchos de los cuales todavía suceden en un mundo analógico con interacciones obsoletas y serios problemas de accesibilidad. Convertir estos reductos analógicos en digitales implicará un doble trabajo: mejorar las competencias digitales de la población y acelerar la digitalización de las Administraciones con servicios simplificados y personalizados.
Una segunda gran apuesta de la agenda digital es el fomento de la innovación y del emprendimiento digital, dos aspectos en los que España está rezagada. Según el Índice Europeo de Innovación, el país es menos innovador que sus vecinos portugueses y franceses. Curiosamente, el norte de Portugal es la región más innovadora de la península Ibérica. La economía española se caracteriza por un tejido de pequeñas empresas con una escasa digitalización que suman el 99% del total de las empresas y el 50% del empleo. Sin embargo, la creación de nuevas empresas de base tecnológica muestra un fuerte dinamismo, en particular las start-ups en fase temprana, pero con un incipiente desarrollo del ecosistema innovador y presencia de capital de riesgo.
Es por lo tanto urgente avanzar con una ley start-up para promover el emprendimiento digital, incentivar el capital de riesgo y atraer el talento digital. En este contexto, el sector público puede ser un gran catalizador de la innovación a través de la compra pública. El gasto público en tecnología de gobierno, que ya representa un mercado enorme, se incrementará aún más y puede ser un factor que impulse el desarrollo de empresas digitales que ofrezcan servicios tecnológicos para resolver problemas de política pública.
Siguiendo el modelo del Govtechlab de Madrid lanzado a inicios de año, la creación de la incubadora de innovación GovTechLab a nivel nacional contribuirá a fomentar el uso de nuevas tecnologías como el blockchain entre Administraciones públicas. Como hace Francia desde 2013 e Inglaterra desde 2017, este mecanismo deberá promover el emprendimiento público y las start-ups govtech.
Una tercera gran apuesta de la agenda digital es la economía de los datos y la inteligencia artificial. Esto va más allá del debate –intenso y necesario– sobre la privacidad de los datos personales, la ética de los algoritmos y los derechos digitales que los aplicativos de rastreo avivaron. También es una apuesta económica. La economía de los datos, es decir, los modelos de negocio basados en los datos como principal activo e insumo productivo, se ha convertido en el segmento más dinámico de las economías modernas.
A nivel europeo, Bruselas asume como prioritaria la construcción de un mercado digital único y la creación de una estrategia europea de datos. Las implicaciones económicas son contundentes: la Comisión Europea estima que el valor de la economía de los datos alcanzó los 300.000 millones de euros en 2016 y alcanzará los 739.000 millones en 2020, cifra que representa el 4% del PIB del bloque. A nivel global, la regulación de la economía de los datos y la fiscalización de las empresas digitales están en el centro de las tensiones entre Europa y Estados Unidos. De hecho, los ministros del G20 han puesto el foco en la seguridad de la información y el comercio de datos, después de que se invalidara el acuerdo entre Estados Unidos y Europa sobre intercambio de datos.
El sector público puede ser un gran habilitador de los emprendimientos basados en datos que las propias Administraciones generan. Según la agencia digital Red.es, en 2018 existían en España 708 empresas que generaban servicios para terceros a partir de la información generada por el sector público, con una facturación de casi 2.000 millones de euros y una generación de 19.000 empleos.
En este sentido, la creación de un chief data officer estatal sería un gran logro para la agenda digital. La tarea más urgente de la transformación digital está en la economía de los datos, tanto su regulación como su gobernanza, para asegurar un uso responsable y, al mismo tiempo, dinamizar el emprendimiento digital. Esta tarea tiene una dimensión global y requerirá de soluciones multilaterales, por lo que ya deberíamos comenzar a imaginar una organización mundial de los datos.
