Inclusión financiera: ¿qué hemos aprendido hasta ahora?
La inclusión financiera ha recibido una atención cada vez mayor por parte de formuladores de políticas públicas en las últimas dos décadas, ya que existe una creciente evidencia de su impacto positivo en diferentes variables económicas. El estudio de la inclusión financiera es en parte el siguiente paso lógico de la literatura que se originó a principios de la década de 1990, que descubrió impactos micro y macroeconómicos positivos de una prestación de servicios financieros más eficiente. Por ejemplo, de acuerdo con un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional, se ha demostrado que el proceso más amplio de desarrollo financiero promueve el crecimiento económico, al tiempo que mejora el crecimiento de la productividad y la acumulación de capital. También se ha demostrado que reduce la desigualdad de ingresos y está fuertemente asociado con el alivio de la pobreza. La inclusión financiera puede considerarse como un aspecto del desarrollo financiero y, por lo tanto, está potencialmente asociada con muchos de los beneficios que se derivan de este proceso.
Los responsables de la formulación de políticas han evidenciado el impacto positivo de la inclusión financiera y han venido trabajando en la formulación de políticas públicas en esta materia. Según el Informe sobre el desarrollo financiero mundial de 2014 del Banco Mundial, unos 50 países habían adoptado políticas explícitas para impulsar la inclusión financiera. En su análisis de los marcos de políticas en 55 economías de mercados emergentes, el Microscopio Global de Economist Intelligence Unit informó que alrededor de dos tercios de estos países tenían estrategias nacionales explícitas de inclusión financiera en 2014. Para 2019, todos los países analizados, menos uno, las tenían. Las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera son instrumentos de política pública de
carácter nacional en los que participan las instituciones públicas encargadas de la supervisión y regulación del sistema financiero, así como instituciones del sector financiero privado, teniendo en cuenta que son quienes tienen el contacto directo con los clientes. Estas políticas establecen los lineamientos de implementación en diferentes áreas de acción. En lo que respecta a la inclusión financiera, dichas acciones se concentran en promover el acceso, uso y calidad de los productos y servicios financieros; mientras que, en educación financiera, persiguen la implementación de iniciativas o programas que busquen desarrollar las capacidades financieras, entendidas como los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de grupos poblacionales específicos.
Tal como lo vemos en CAF a partir del Programa de Inclusión Financiera, esta se trata de un fenómeno multidimensional que comprende: el acceso de la población (incluidas las empresas) a los productos y servicios financieros, el grado de uso de estos productos y servicios, así como su calidad y costo. Estas dimensiones están interrelacionadas. Por ejemplo, los servicios financieros serán utilizados más ampliamente por la población en cuanto mayor sea la facilidad de acceso (disponibilidad de cajeros automáticos o sucursales), menor sea el costo y mayor sea la calidad de los servicios.
Según la mayoría de las medidas, la inclusión financiera ha aumentado durante la última década. Una fuente de datos importante para medir la inclusión financiera es el Global Findex del Banco Mundial, una encuesta de alrededor de 150.000 hogares en 140 países, que cubre la tenencia de cuentas, las actividades de crédito y ahorro, y si los salarios o las transferencias gubernamentales se pagan directamente a las cuentas. La encuesta Findex se realizó por primera vez en 2011 y desde entonces se ha realizado cada tres años. Uno de sus indicadores más citados, el porcentaje de población adulta que tiene una cuenta bancaria, ha experimentado un aumento importante pasando de un promedio mundial del 51% en 2011 al 69% en 2017 (la medición más reciente). Este dato se ubica en 55% para América Latina. Sin embargo, se estima que todavía quedan 1.700 millones de adultos en todo el mundo sin una cuenta, en otras palabras, no bancarizados. Esta cifra asciende a aproximadamente 360 millones de adultos en América Latina. Además, el endeudamiento de los hogares a través de instituciones financieras formales no ha seguido el mismo ritmo, registrando un aumento mucho más leve, del 9% al 11% si se excluye el uso de tarjetas de crédito (10% para América Latina), y del 22% al 23% por ciento si se incluye (21% para América Latina).
Para comprender por qué es importante la inclusión financiera es fundamental reconocer la importancia del desarrollo financiero. Según el estudio del FMI antes mencionado, el desarrollo financiero tiene un impacto positivo en la economía a través de las funciones críticas que realiza: (i) producir información; (ii) destinar capital a usos productivos; (iii) monitorear las inversiones y ejercer control corporativo; (iv) movilizar y centralizar ahorros; (v) facilitar la negociación, diversificación y gestión de riesgos; y (vi) facilitar el intercambio de bienes y servicios.
Existe evidencia empírica que muestra que los indicadores de profundidad financiera, (relación entre el crédito al sector privado sobre el PIB y relación entre la capitalización bursátil o el volumen de transacciones sobre el PIB), que ha sido la variable tradicionalmente utilizada para medir el desarrollo financiero, está relacionada positiva y significativamente con tasas más altas de crecimiento económico a largo plazo, acumulación de capital y productividad. Asimismo, es probable que estas relaciones sean causales, es decir que una mayor profundidad financiera conduzca a estos mejores resultados. Por su parte, la profundidad financiera también se asocia con menor desigualdad de ingresos y menores porcentajes de población que vive en pobreza.
Como se mencionó, la inclusión financiera constituye una dimensión adicional del desarrollo financiero. No obstante, los indicadores de profundidad financiera son sustitutos imperfectos e incompletos del desarrollo financiero, ya que es posible que dos países tengan niveles idénticos de profundidad financiera, pero uno de ellos asigne el mismo volumen de crédito a un puñado de grandes empresas protegidas, mientras que el segundo distribuye los fondos de manera más amplia entre una extensa gama de empresas e individuos. Las funciones financieras críticas —asignar capital, producir información, ejercer control corporativo— pueden llevarse a cabo con mayor eficacia en el segundo país. Por lo tanto, una mayor inclusión financiera está relacionada con un mayor desarrollo financiero y puede proporcionar beneficios adicionales.
Con relación a los efectos de las microfinanzas, estudios de campo han demostrado que un mayor acceso al crédito, así como programas específicos de microcrédito y concesión de activos pueden tener efectos beneficiosos en la distribución del ingreso. Un estudio de Banerjee, Breza, Duflo y Kinman (2019) sobre una intervención de microcrédito en India encontró aumentos significativos en las ganancias, escala comercial, volumen de negocios y empleo en los microempresarios que recibieron el microcrédito. El estudio también encontró que el impacto positivo se dio en el grupo de empresarios que ya contaba con un emprendimiento antes de recibir el microcrédito, así como evidencia de que los empresarios con acceso a microcréditos accedieron también a otras fuentes formales de crédito.
La reducción de las barreras relacionadas con la inclusión financiera puede aumentar el emprendimiento, permitiendo que personas talentosas, pero con limitaciones financieras se conviertan en empresarios y que las empresas existentes amplíen sus operaciones a los niveles deseados. A nivel agregado, estos efectos podrían, en última instancia, impulsar la actividad económica, reducir la pobreza y potencialmente aumentar la igualdad de ingresos.
Dos factores principales influyen en la limitación del acceso y el uso de productos y servicios financieros por parte de las mipymes: costos de transacción y asimetrías de información. Para fomentar una mayor inclusión financiera de las mipymes, la política pública debe centrarse en aliviar estas restricciones. Primero, es importante impulsar medidas que tengan como objetivo promover las capacidades de las mipymes, es decir, fomentar el uso saludable de los productos financieros. De acuerdo con diferentes estudios, las intervenciones de educación financiera para mipymes hechas a la medida de sus necesidades, tienen un mayor impacto sobre el crecimiento de estos negocios.
En segundo lugar, las políticas deben apuntar a relajar las restricciones regulatorias y las barreras de entrada al sistema financiero como requisitos de documentación. Otras medidas están relacionadas con la ampliación de la competencia de proveedores financieros y permitir la entrada de nuevos proveedores dirigidos a empresarios que anteriormente no estaban bancarizados.
Por último, es importante promover los registros de garantías, incluidos los de bienes muebles. Asimismo, es necesario mejorar el entorno de información mediante la adopción de normas de contabilidad y auditoría y la introducción o mejora de los registros y burós de crédito. De igual manera, son importantes las políticas relacionadas con la creación de esquemas de garantía parcial de crédito. Al otorgar garantías a los préstamos de las mipymes, se pueden superar barreras como la falta de información y de colaterales.
En conclusión, los avances en la inclusión financiera han sido importantes. El enfoque de la política pública en esta materia debe ser identificar las barreras que constituyen las mayores limitaciones para la inclusión financiera de individuos y mipymes y trabajar de la mano de las instituciones financieras del sector privado, incluidas las fintech, para reducir brechas y potenciar los impactos de la inclusión financiera sobre la actividad económica y la productividad de los países.
