Nelson Larrea
Ejecutivo Principal de la Dirección de Programación de Sector Privado
Según estimaciones de la consultora Macroconsult, los daños causados en Perú por el fenómeno climático de El Niño superaron a marzo del 2017 los USD 3.100 millones. A nivel de regiones, Lima (centro-este) es la zona más afectada, con daños estimados en USD 574 millones, seguida por Lambayeque con USD 435 millones y Piura con USD 387 millones en el Norte. Lamentablemente se trata de un fenómeno recurrente que habría incluso extinguido poderosas sociedades pre-incaicas en estas zonas.
Las regiones norteñas de Piura, Tumbes y Lambayeque, sufrieron ya en 1983 un "meganiño", con daños económicos que superaron los USD 2.000 millones debido a lluvias que se extendieron desde el verano hasta junio, afectando a una población económicamente activa de 179.220 habitantes. Unas 113.000 hectáreas de tierras agrícolas resultaron afectadas; 1.685 km de carreteras destruidas; 36 puentes dañados y 15.245 viviendas afectadas.
Luego, en los años 1997-1998 El Niño se reavivó con la misma intensidad en las costas del Pacífico Sur y afectó a Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Las regiones peruanas más afectadas por las precipitaciones pluviales fueron Piura y La Libertad, nuevamente en el norte.
CAF, en su estudio "Las lecciones de El Niño/Memorias del Fenómeno El Niño 1997 - 1998, Retos y propuestas para la región andina: Perú" (2000), señala que la infraestructura agropecuaria tuvo una afectación de USD 79 millones (66.7 de ellos en el norte). Se indicaba que los daños totales ascendieron a USD 3.500 millones, lo que representó más de 4,5% del producto bruto interno (PBI) de 1997.
Hoy el fenómeno de El Niño ha sucedido nuevamente y, superada la fase de emergencia, vendrá el proceso de reconstrucción. Parte de esta reconstrucción, además de reponer la infraestructura vital de los territorios, pasa por reactivar las actividades productivas que sustentan a la población, como es el caso de la agricultura, por su aporte al empleo y como fuente de seguridad alimentaria.
En un informe de 2013, la FAO destaca esta dimensión bajo el concepto de "resiliencia de los medios de vida": La habilidad de prevenir desastres y crisis así como de anticipar, absorber, acomodar o recuperarse y adaptarse a estos de una manera oportuna, eficiente, y sostenible. Esto incluye proteger, restaurar y mejorar los sistemas agrícolas y alimentarios que están expuestos a amenazas que impactan la agricultura, la seguridad alimentaria y nutricional, así como la inocuidad de los alimentos".
Habiéndose dado sucesivos procesos de reconstrucción, en esta ocasión valdrá la pena repasar los aprendizajes nacionales e internacionales para apuntar a una mayor eficiencia y sostenibilidad. Esto acarrea, por supuesto, una serie de consideraciones. Como señala la Socióloga peruana Leonor Rocha Valencia, Perú tiene 159 cuencas hidrográficas que son gestionadas por 72 administradores locales. Éstas, a su vez dependen de 14 autoridades de administración descentralizadas de la Autoridad Nacional del Agua. La mayor parte se encuentran en la gran Cuenca del Pacífico, pero también está la cuenca del Amazonas por su extensión.
Estas cuencas nacen en la zona andina y desembocan en el Océano Pacífico; lo que quiere decir que toda propuesta de reconstrucción o como se le quiera llamar, necesariamente tiene que comprender al río en su conjunto, desde la naciente (allí donde se deforesta cada día para "integrar" tierras a la agricultura o para vender los bosques), hasta la parte baja (donde se construyen nuevas viviendas, se tira la basura doméstica o los desechos de la agricultura, por ejemplo).
Esta realidad evidencia que la reconstrucción de infraestructura en las partes bajas no resulta suficiente a la larga si no se trabaja un enfoque sistémico de conservación de las cabeceras de los ríos, acompañado de la reforestación de áreas degradadas que permiten estas fuertes avenidas y deslaves hacia la Costa, ubicación adecuada de los sistemas agropecuarios. Pero también será importante modificar prácticas inadecuadas, como aquellas que inundan cultivos sin sistemas eficientes de drenaje alimentando los acuíferos superficiales de las partes bajas del valle con lo cual se incrementan las tierras empantanadas que limitan la capacidad de percolación del suelo.
Hoy, en el 2017, el Estado tendrá que buscar la máxima coordinación con el sistema social de gestión del agua y los usuarios para la reconstrucción del sector agropecuario peruano. Esto implica a las Juntas de Regantes con sus nuevas autoridades, así como las organizaciones de productores, gremios, empresas, entre otros, que toman finalmente las decisiones de siembra, sistemas de riego, mantenimiento y limpieza de la infraestructura de conducción y drenaje.
Si la reconstrucción se aborda nuevamente sin considerar el adecuado uso del territorio, los mapas de riesgos, la integralidad de las cuencas y los sistemas productivos, un siguiente fenómeno del Niño volverá a encontrar al país con las mismas vulnerabilidades.
