Eduardo Fagre
Ejecutivo de la Dirección de Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas de CAF
Si nos dijeran que un programa de tutorías personalizadas no logró aumentar las notas promedio de los estudiantes, que la entrega gratuita de desparasitantes no redujo la prevalencia de parásitos intestinales, o que una carta a los contribuyentes no se tradujo en que los morosos pagaran sus impuestos, nos aventuraríamos a decir que esas iniciativas no fueron efectivas.
Pero ¿sabemos si las intervenciones se desarrollaron como se tenía previsto? Es decir, ¿sabemos si los tutores dieron clases a los estudiantes, si los desparasitantes fueron entregados o si los contribuyentes recibieron las cartas? La posibilidad de contestar estas preguntas debería ser clave en la concepción y ejecución de cualquier política pública y, para lograrlo, es fundamental contar con información de calidad sobre su implementación y disponer de herramientas de monitoreo para identificar oportunidades de mejora.
Aprendiendo de la experiencia: CIPAVE
CIPAVE (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar) es un programa creado en 2015 por las autoridades del Estado de Rio Grande do Sul en Brasil para promover la creación de comisiones en las escuelas y la planificación de actividades con los niños y adolescentes centradas en la prevención de la violencia en las escuelas. Las comisiones escolares están conformadas por docentes, directores, alumnos y padres, mientras que las actividades son implementadas por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, como agentes de salud, policía, cuerpos de bomberos, ONGs especializadas en jóvenes, entre otros.
El interés por el programa fue enorme en el momento de su lanzamiento y tras pocos años, casi la totalidad de las escuelas estatales se habían adherido. Sin embargo, la escasez de recursos humanos forzó a los gestores del programa a priorizar su implementación, descuidando la definición de protocolos de actuación para los actores involucrados y el fortalecimiento de las herramientas de seguimiento y monitoreo. Estas limitaciones se traducían en que, por ejemplo, no se conociera la composición de las Comisiones Escolares –que son la esencia del programa-, ni que se contara con información sobre la frecuencia de sus reuniones y las actividades específicas que realizaban.
Por eso, como parte de un trabajo conjunto entre CAF, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Planeamiento, Gobernanza y Gestión del Estado Rio Grande do Sul, se propuso diseñar una malla de indicadores que permitiera tener información sobre el funcionamiento de las comisiones. Actualmente, las escuelas deben registrar su comisión en la plataforma del programa y definir dos responsables.
El programa promueve que las escuelas registren de manera agregada con una periodicidad semestral incidentes de: violencia entre los alumnos; agresiones a profesores o funcionarios; tráfico, posesión o uso de drogas; hurtos, asaltos, entre otros. Este registro, que se hace a través de un formulario online, también prevé el reporte de la cantidad de actividades de prevención de la violencia que se organizan en cada escuela por tipo de institución aliada.
Uno de los principales cambios propuestos fue registrar cada una de las incidencias en mayor detalle para mejorar la calidad del diagnóstico. Asimismo, se sugirió incorporar datos sobre el contenido y duración de las actividades que se organizan en las escuelas, y el perfil de las organizaciones que las dictan, para poder medir su calidad y alineación con el programa y las problemáticas de cada escuela.
Los gestores de CIPAVE han hecho un gran esfuerzo para promover que las escuelas completen estos formularios, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Para empezar, muchas escuelas no tienen el hábito de registrar información o no tienen el personal calificado suficiente, equipos o acceso a Internet para ingresar en el sistema. Resulta indispensable seguir concientizando a las escuelas sobre la importancia de recoger esta información y utilizarla para reforzar el diagnóstico, la planificación y el seguimiento.
Sin datos sobre el funcionamiento de un programa o política, es difícil construir una opinión clara sobre su calidad y pertinencia de sus actividades. Por esto, antes de evaluar los resultados o impacto de un programa -ya sea de tutorías escolares, de desparasitación, de amenazas a contribuyentes morosos o, incluso, de atención a la violencia escolar-, es importante invertir tiempo y dinero para mejorar los instrumentos existentes e identificar acciones que permitan fortalecer el monitoreo y, en última instancia, la calidad del programa.