3 medidas para ofrecer agua potable a todos los latinoamericanos

Hace aproximadamente seis años la ONU incluyó formalmente el acceso a agua potable y a saneamiento en la lista de derechos humanos, un reconocimiento que ha contribuido a mejorar la cobertura de servicios de agua para la población, especialmente en América Latina y el Caribe.

Uruguay, Argentina y Costa Rica son los países de la región que actualmente muestran mayor igualdad en el acceso a servicios de agua y saneamiento entre las zonas rurales y urbanas. Los tres países coinciden en haber reconocido el derecho humano al agua y al saneamiento en su ordenamiento interno, desarrollando programas y planes para lograr traducirlo en realidad.

De todos modos, en líneas generales la región debe aumentar y planificar mejor sus esfuerzos para alcanzar esa meta, implementando además una concepción más integral de lo que representa este derecho. Con el objetivo de brindar apoyo estratégico a los países, CAF elaboró el informe "Implementación del derecho humano al agua en América Latina", que identifica tres prioridades a abordar:

• Reconocer formalmente el derecho humano al agua y al saneamiento. Es el punto de partida para adoptar un enfoque legal al abordar los procesos de planificación y gestión del agua, así como en caso de conflictos judiciales. Un indicador que permitiría medir los avances en este ámbito es el número de marcos jurídicos constitucionales y legales que reconocen el derecho humano al agua y al saneamiento, incluyendo sus distintos componentes.
• Garantizar el ejercicio pleno de este derecho, que no solo comprende proveer de agua potable y sistemas de alcantarillado sanitario a la población. También implica elementos relacionados con la calidad de los servicios, la asequibilidad, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la aceptabilidad, así como la sostenibilidad ambiental y financiera de los sistemas, que generalmente no suelen ser tomados en cuenta en los indicadores de desarrollo de cada país. Para evaluar los avances en este aspecto, se propone cuantificar el número de estrategias, políticas, planes y programas nacionales que explícitamente adoptan un enfoque de derechos humanos que considera todos los elementos mencionados.
• Establecer los recursos judiciales necesarios, de manera que las comunidades y los usuarios, o incluso el Estado, puedan hacer valer estos derechos en caso de violaciones por parte de operadores u otros actores. En este sentido, se propone analizar el número de resoluciones judiciales en las que se falla considerando el derecho humano al agua y al saneamiento, así como la cantidad de autoridades, operadores de servicios y organismos capacitados sobre las implicaciones y contenidos de este derecho.

Según la publicación, el acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad es necesario para contribuir al bienestar y al desarrollo productivo de los latinoamericanos. Por esta razón, cada país debe garantizar el pleno cumplimiento de todos los elementos que este derecho humano conlleva, extendiendo su alcance a todos los ciudadanos de forma inclusiva y transparente.