Reactivación: con tantas vías por intervenir ¿cuáles priorizar?

En la primera página del manual de los gobiernos para enfrentar crisis económicas y sociales está la promoción de infraestructura. El empleo que genera en los territorios directamente afectados y en la cadena de valor del sector; sumado a los beneficios en conectividad, productividad y bienestar de la población; son algunas razones por las que las inversiones en obras han sido las protagonistas en la reactivación global después de las guerras y crisis del siglo pasado, y en los presupuestos de los países de América Latina para 2021.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le puso cifras a los empleos que genera la infraestructura en América Latina y el Caribe. “En  promedio para el  total  de  la  muestra  de  proyectos  de  infraestructura analizados, USD 1.000 millones invertidos en la región se asocian a la generación de 35 mil empleos directos. Los resultados por subsector muestran que USD 1.000 millones invertidos en la región en promedio se asocian a la generación de 50 mil empleos directos en el sector energía, 18 mil empleos directos en el sector agua y saneamiento y 12 mil empleos directos en el sector transporte”, se afirma en el informe. Estas cifras se pueden duplicar o triplicar al incluir los empleos indirectos que se producen en los proveedores de materiales, y en general, los demás miembros de la cadena de valor del sector.

Un informe del Banco Mundial respecto al potencial de generación de empleo directo e indirecto a corto plazo, estima que la inversión en proyectos de infraestructuras genera alrededor de 40.000 empleos anuales por cada USD 1.000 millones en América Latina y el Caribe, dependiendo de variables como la combinación de subsectores en el programa de inversión, las tecnologías implementadas, y los salarios locales para mano de obra calificada y no calificada. Igualmente, existen algunos tipos de proyectos, como los relativos al de mantenimiento de caminos rurales, que pueden emplear entre 200.000 y 500.000 puestos de trabajo directos anualizados por cada USD 1.000 millones gastados.

Una vez evidenciada la efectividad de la infraestructura en la generación de empleo en el corto plazo, la pregunta que surge es: con tantas vías por intervenir ¿cuáles priorizar? CAF –banco de desarrollo de América Latina- trabajó en una metodología para la priorización de proyectos de infraestructura del transporte terrestre con criterios de impactos, aplicada sobre una base de más de 2.000 proyectos identificados en once países de la región.

En la publicación Análisis de inversiones en el sector transporte terrestre interurbano latinoamericano a 2040 se revela que para cerrar la brecha en la región se requerirán esfuerzos importantes, situándose como mínimo en el 2,6% del PIB, donde el 0,7% debería destinarse a acciones de conservación y mantenimiento. Si se expresa en recursos financieros, mientras que las inversiones actuales son de USD 34.000 millones anuales, la región debe destinar un monto 3 veces superior de unos USD 100.000 millones anuales, para converger a los promedios mundiales al 2040.

“La relevancia de la inversión en carreteras obedece a que cada dólar invertido en infraestructura genera un incremento de 0,2 en el PIB anual en el largo plazo, lo cual representa un retorno económico del 20%, y contribuye 3 veces más al crecimiento que la inversión en otros modos (puertos, aeropuertos, ferrocarriles). En el informe proponemos un listado de proyectos de integración, de conexión física binacional enfocados en el desarrollo del comercio tales como pasos de frontera, puentes y mejoras institucionales, entre otros, que se pueden priorizar en 11 países de la región”, afirmó Mónica López, experta en infraestructuras de CAF y coautora de la publicación.

En Argentina, por ejemplo, se identificaron 274 proyectos por más de USD 7 mil millones que se pueden priorizar en las próximas dos décadas para aumentar el bienestar de la población y mejorar la competitividad y conectividad. Esta jerarquización se dio a través de 6 rigurosos criterios de evaluación de impacto: ampliar la cobertura e integración; reducir los costos para los usuarios; promover la integración logística y multimodal; minimizar los costos de mantenimiento; promover la sostenibilidad ambiental y social y el monto de la inversión.

“Entre las iniciativas definidas se encuentran 54 proyectos de pavimentación y conservación vial que son de rápida ejecución con un impacto positivo en el corto plazo en materia de empleo y crecimiento. También identificamos 24 proyectos intermodales para aumentar la competitividad de Argentina”, agregó López.

Caminos rurales

La pandemia y las obras de reactivación económica y social también son una buena oportunidad para priorizar los proyectos que sigan la Agenda 2030 definida por la ONU, con la construcción y mantenimiento de obras básicas resilientes y adaptadas al cambio climático, que garanticen su transitabilidad en todo momento como una forma de apoyar el desarrollo sostenible y el bienestar de la población, como se propone en el informe Caminos rurales: vías claves para la producción, la conectividad y el desarrollo territorial realizado por Gabriel Pérez, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Servicios de Infraestructura de la CEPAL.

“Una política efectiva de conectividad debería buscar resolver la pobreza territorial más que la de hogares individuales. Para ello, generar acciones de fortalecimiento institucional en los ministerios sectoriales de obras públicas, transporte y otros sectores sectoriales, resulta fundamental para incorporar en los diseños estas nuevas dimensiones, buscando la forma de atacar los problemas desde múltiples frentes del Estado de manera coordinada para aprovechar sinergias e ir secuencialmente reduciendo desigualdades y brechas territoriales, para de esa forma alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”.

Los recursos limitados de los gobiernos para promover la recuperación de los países mediante inversiones en carreteras son una oportunidad para crear empleos, mejorar la productividad y competitividad para impulsar el comercio intrarregional y las cadenas de suministro locales ante un posible periodo de desglobalización por cuenta de la pandemia. Estas son algunas de las características que las autoridades nacionales y locales pueden seguir a la hora de priorizar.