La informalidad y el financiamiento de la protección social
Por Pablo Brassiolo y Manuel Toledo.
La informalidad laboral es una de las características más salientes de los mercados de trabajo de América Latina. En promedio, 6 de cada 10 trabajadores son informales –es decir, no contribuyen a la Seguridad Social ni gozan de sus beneficios—, con niveles de informalidad que van desde alrededor de 3 de cada 10 trabajadores en Chile y Uruguay hasta 8 de cada 10 en Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La informalidad es un problema porque reduce la productividad de las economías, al distorsionar la asignación de recursos, y limita la efectividad de los esquemas de protección social para cubrir a los trabajadores contra riesgos y circunstancias que pueden comprometer su calidad de vida. Pero los costos de la informalidad laboral no se agotan ahí. La informalidad, además, reduce la base contributiva de los esquemas de protección social y de esta forma atenta contra su sostenimiento financiero.
La informalidad en los países de América Latina es alta incluso en comparación con países de ingreso per cápita similar. El Gráfico 1 muestra que todos los países de América Latina, excepto Uruguay, se encuentran por encima de la línea de regresión que representa la tasa de informalidad promedio para cada nivel de ingreso. Así, destacan México, Panamá y Paraguay, con tasas de informalidad, respectivamente, 28, 24 y 23 puntos porcentuales más altas de lo esperado dados sus niveles de ingreso per cápita. Otros países, sin embargo, también se encuentran relativamente más alejados de lo que cabría esperar para su nivel de ingreso, como Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana, donde las tasas de informalidad son alrededor de 20 puntos porcentuales superiores a lo esperado.
La pregunta es, entonces, ¿cuánto podría aumentar la recaudación de los sistemas de protección social si se redujera la informalidad? En el Reporte de Economía y Desarrollo 2020 de CAF (RED 2020) hacemos dos ejercicios contables para cuantificar esta ganancia, que denominamos “bono de formalidad”. En el primero calculamos cuánto aumentaría la recaudación si la informalidad bajara hasta el nivel esperado de acuerdo con el ingreso per cápita de cada país (en términos del gráfico anterior, esto equivale a mover a cada país verticalmente hacia abajo hasta alcanzar la línea de regresión). En el segundo ejercicio somos más ambiciosos y nos preguntamos cuánto aumentaría la recaudación si la informalidad bajara a la mitad de su nivel actual.
Los resultados se muestran en el Cuadro 1. Las ganancias de aumentar la formalidad del empleo dependen, no solo de la magnitud de cambio, sino también los diferenciales de ingresos laborales entre trabajadores formales e informales y de las tasas de contribución al sistema de seguridad social. Los países para los que se cuenta con la información necesaria para el cálculo son Argentina, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
En el primer caso (Ejercicio 1), la proporción de trabajadores formales aumentaría en 18,5 puntos porcentuales y generaría un aumento de recaudación 0,9 puntos del PIB, en promedio, con un rango que va desde 0,2 puntos del PIB en Uruguay hasta 1,1 puntos del PIB en México. En el segundo caso (Ejercicio 2), la proporción de trabajadores formales aumentaría en 27,4 puntos porcentuales y generaría una ganancia de recaudación de 1,5 puntos del PIB en promedio –desde 0,9 puntos del PIB en Perú hasta 2,4 puntos del PIB en Argentina.
Estos ejercicios sencillos muestran que promover la formalidad de las relaciones laborales, además de expandir la cobertura social a una mayor cantidad de trabajadores y familias, tiene importantes ganancias en términos de recaudación de los sistemas de protección social y permite mejorar las perspectivas de sostenibilidad financiera de estos esquemas.
Por supuesto, la informalidad es un fenómeno complejo, con múltiples causas, por lo que la solución dista de ser sencilla. Más aun, la fuerte destrucción de empleo y caída de ingresos de las familias como consecuencia de la pandemia del COVID-19 impone desafíos adicionales, al demandar respuestas de política que podrían distorsionar los incentivos a la formalidad. Es vital entonces que los gobiernos complementen estos paliativos con una agenda de políticas que promueva la formalización del empleo.
